Juárez llega al bloque oficialista luego de que fue cancelado el partido Líder y logró la aceptación tanto del jefe de la bancada, Javier Hernández, como del mismo presidente de la República, Jimmy Morales, quien rechazó pedir su renuncia al FCN-Nación cuando fue señalado de haber ordenado el asesinato del periodista de Prensa Libre Danilo López.
Por el contrario, en actos públicos Morales ha felicitado efusivamente a Juárez Ramírez por su trabajo desde el Congreso y por el apoyo al partido oficial.
Hasta ayer, la subjefa de la bancada oficial, Ileana Calles, dijo no tener ninguna opinión sobre la sanción al diputado.
El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, afirmó que la situación de Juárez es particular y no afectará el trabajo en ese organismo.
Contraloría advirtió
Las empresas de Juárez Ramírez figuran en algunas auditorías de la Contraloría General de Cuentas (CGC), por sobrevaloración de obras, fraccionamiento de contratos y no cumplir con especificaciones técnicas de los trabajos adjudicados.
El Grupo Corporativo del Sur, Sociedad Anónima, también ligado a Juárez, ha sido señalado por la SAT de deudores fiscales e incluso ha sido llevado a juicio. La entidad recaudadora también ha inhabilitado en tres ocasiones a la empresa del legislador, en el 2013, 2014 y 2015.
Desde el palacio municipal
El 6 de marzo del 2015, una publicación del mismo Danilo López señalaba a Juárez de tener omisos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En efecto, ese año Juárez estaba incluido en el expediente con adeudo tributario en fase judicial en la Unidad de lo Económico Coactivo, con una deuda de Q195 mil 892. Además, la Fiscalía lo había denunciado por desobediencia, por haberse negado a pagar el impuesto.
Sin relación financiera
Desde ayer, los bancos del sistema en los que el diputado y sus empresas tienen cuentas bancarias, depósitos, ahorros, préstamos e inversiones deben cesar su relación, por ser una persona incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero —Ofac, en inglés—, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Saulo de León, especialista en temas sobre lavado de dinero, explicó que las entidades bancarias deberán devolver las cuentas al diputado, para evitar una sanción, y comunicar a las autoridades sobre la cancelación de los servicios.
“El efecto en Guatemala es que los bancos no pueden tener relaciones financieras, porque si no las entidades corresponsales internacionales cortarían la relación con sus socios locales, porque no se puede operar a una persona que está en la lista Ofac”, afirmó.
