La cancelación del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN) “se mantiene firme”, según la postura que maneja el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mediante un comunicado público, la entidad electoral respondió al amparo provisional que una sala otorgó a UCN, que ordenaba al Registro de Ciudadanos aceptar su participación para las elecciones del 2023.

Los antecedentes de UCN que abrieron su expediente para la cancelación comenzaron tras la campaña política de 2015. Una investigación del Ministerio Público (MP) detectó Q15 millones que no fueron reportados, después de las investigaciones, el TSE resolvió su cancelación.

En la comunicación, el Tribunal afirman que UCN agotó todos los medios de impugnación, y asegura que la cancelación al partido político quedó firme y es viable que se aplique el artículo 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

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La primera parte de dicho artículo es relativa a la resolución y prohibiciones y cita que “el Registro de Ciudadanos procederá a efectuar las anotaciones correspondientes en todas sus inscripciones. El nombre y símbolo o emblema del partido cancelado no podrán ser usados ni registrados por ninguna organización política antes de 10 años”.

Agrega que “la resolución que acuerde la suspensión o la cancelación de un partido político deberá publicarse en el diario oficial y en otros dos diarios de circulación, en un plazo de 15 días”, publicación que fue hecha el pasado 17 de octubre.

En una entrevista radial, Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE explicó que desde la óptica del ente electoral la cancelación en mención se encuentra con un fallo firme de su cancelación.

Especialistas en derecho y en materia electoral dudan que el amparo pueda ser ejecutado.

Amparo sin efecto

Resolver procesos electorales no es algo sencillo, porque la academia en Guatemala no la ha abarcado como tendría que hacerlo, opina María Eugenia Mijangos, exmagistrada del TSE.

La exfuncionaria integró el órgano electoral en las pasadas elecciones, incluso conoció en una primera etapa el proceso de cancelación contra UCN, por lo que considera que la postura que está manejando el actual TSE, es acertada.

“No puede un amparo de ese nivel parar una resolución que ya está firme de un tribunal de mayor rango especializado en materia electoral, ellos (el TSE) tiene razón. La cancelación de UCN viene desde nuestra magistratura y todo este tiempo UCN ha estado viendo cómo lo para en los tribunales comunes”, refirió.

La comunicación del TSE da cuenta de un amparo, y autoridades de UCN también lo confirman, pero ninguna de estas instancias ha proporcionado copia del documento para conocer los argumentos y la identidad de los jueces que ampararon al partido político.

“Este amparo no se puede ejecutar, así de simple. Es una estrategia que desafortunadamente han usado con mucha frecuencia los partidos políticos, les otorgan amparos que a veces no les sirven porque ocurre en momentos provisionales”, señaló Mijangos.

Para el abogado Edgar Ortiz, analista en derecho de Fundación Libertad y Desarrollo, es complejo brindar un análisis a profundidad porque que se desconoce el documento, pero destacó que la misma cancelación de UCN ha sido publicada como dicta la ley cuando una resolución está firme.

“No sabemos muy bien el detalle de la resolución, pero acá hay un asunto y es que la cancelación del partido ya salió publicada y con lo cual digamos que la cancelación del partido está firme. Me cuesta pensar en algún motivo de fondo para que se pudiera revertir esta decisión”, indicó Ortiz.

Batalla legal

Autoridades de UCN lamentan que el Registro de Ciudadanos y el mismo TSE no estén dispuestos a acatar una orden judicial, por lo que afinan con su equipo de abogados las acciones legales pertinentes, declaró Mario Estrada Ruano, quien antes de la cancelación era el secretario general de la agrupación.

“Es una situación lamentable que vemos desde un órgano colegiado como es el TSE y el Registro de Ciudadanos, nos da mucha tristeza ver lo que vive el país” y cómo una órgano jurisdiccional emite una orden que no se acata, refirió.

Afirmó que entre una de las acciones legales se contempla una denuncia de abuso de autoridad contra el registrador de ciudadanos. “Nosotros estamos tomando bajo el debido proceso y lo establecido en ley todas las herramientas jurídicas correspondientes, donde vemos claramente un abuso de autoridad por parte del registrador de ciudadanos”, dijo.

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Estrada, afirmó que la acción de amparo atacó algunos errores administrativos cuando el TSE hizo la publicación de la cancelación, pero no especificó qué sala emitió el fallo. Dijo que los abogados del partido son los que tienen todos los documentos.

Asimismo, dijo confiar en que participarán en las elecciones del 2023 y estiman que tendrán tiempo suficiente para hacer las asambleas pendientes. “Gracias a Dios tenemos una base sólida, hay muchas familias que confían en UCN y ahorita están a la expectativa de qué se va a preparar desde mañana para ir arrancando con la proclamación de nuestros candidatos”, especificó.

Congreso al margen

Recientemente la Junta Directiva del Congreso, con el aval del Pleno de diputados, acreditó las 38 comisiones legislativas para el periodo de trabajo parlamentario del 2023 al 2024.

Las comisiones son entregadas para que cada partido político representado en el Congreso las presida, acorde al número de diputados que mantengan para la legislatura.

Cuando comenzó la novena legislatura en el 2020, el partido político UCN logró colocar 12 diputados, por lo que le corresponderían tres comisiones de trabajo.

Este año la Directiva acordó entregarles para presidir las comisiones de Deportes, Gobernación y Salud, sin embargo, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) señala que las comisiones deben tener entre sus directivas a representantes de partidos políticos.

Esto significaría que, si UCN ya está legalmente cancelado, las comisiones de trabajo no podrían ser entregadas a los diputados que fueron electos por ese partido político.

Consultado el diputado Aníbal Rojas, cuarto secretario de la Junta Directiva, aseguró que desconoce del tema y que el mismo todavía no ha sido discutido, argumentó que oficialmente el Congreso no ha recibido ninguna comunicación o notificación de dicha cancelación.