“La enmienda otorgaría una amplia amnistía para los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y abusos, así como para los delincuentes condenados”, declaró Robert Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado.
Añadió: “Los juicios llevados a cabo en Guatemala por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y abusos han devuelto la dignidad a las familias sobrevivientes de las víctimas, inspiraron una mayor confianza en las instituciones estatales y sirvieron de ejemplo positivo para otras naciones que buscan abordar un legado de conflicto”.
“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha en curso contra la corrupción y la impunidad”, apuntó Palladino.
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Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.
La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) así como las autoridades del Estado.
También propone reformas que van dirigidas a absolver a “miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley, perpetrados con los fines de prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones ele la URNG o sus unidades integrantes, amnistía que se extiende a todos los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996.
Fracasa intento
Ayer el pleno del Congreso fracaso en su intento de que la iniciativa 5377 avanzara en su camino para convertirse en Ley.
Desde el pasado lunes la Junta Directiva del Congreso propuso una Orden del Día donde se incluía la discusión en segundo debate del referido proyecto de decreto, la cual fue avalada por la mayoría de jefes de bloques aliados al oficialismo.
Sin embargo, el pasado martes no culminó la interpelación en contra del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge.
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Aunque en la apertura de la sesión de ayer se leyó la iniciativa que contenía el discusión en segundo debate de las reformas a la Ley de Reconciliación la Junta Directiva se vio obligada a proponer otra Orden del Día para que siguiera el juicio político.
Oliverio García Rodas, uno de los diputados con más experiencia legislativa, el Congreso tiene que seguir con la interpelación en contra del ministro hasta que se agote y solo después de eso podrá conocer otros temas.
Según el legislador, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que habla sobre la interrupción de las interpelaciones solo debería aplicarse cuando hay temas de carácter constitucional con un plazo perentorio, que no es el caso de las reformas a la Ley de Reconciliación.
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Sin embargo, la intención de reformar dicha ley está latente en el Congreso, el oficialismo anunció que esta sería una de sus prioridades durante este periodo de sesiones ordinarias y el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, anunció durante su discurso de toma de posesión de la presidencia del Congreso, que también impulsaría la iniciativa.
Mientras tanto el proyecto de ley sigue sumando opiniones en contra por parte de organismos internacionales como Impunity Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.
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