La política de los EE. UU. con respecto a la Cicig no ha cambiado. Sin embargo, la Cicig necesita reformas para mantener su efectividad.

“El Departamento de Estado está discutiendo las reformas de las Naciones Unidas relacionadas con el aumento de la supervisión y la rendición de cuentas de la Cicig, así como garantizar que la capacidad se transfiera de manera efectiva y eficiente a las instituciones guatemaltecas”, indica el documento.

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También refiere que el 6 de septiembre, el secretario – Mike Pompeo- habló por teléfono con el presidente Morales y discutió la importancia de continuar la cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad y los esfuerzos del Gobierno de Guatemala para trabajar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El secretario expresó: “el continuo apoyo de los Estados Unidos a una Cicig reformada y se comprometió a continuar trabajando con Guatemala en la implementación de las reformas en el próximo año”.

“Tomamos el proceso de certificación muy seriamente y continuaremos monitoreando de cerca el progreso del Gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Por el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto, pero el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa el pasado 31 de agosto que no renovará el mandato de la Cicig, es decir, el 3 de septiembre de 2019 se deberé retirar del país.

Pero el pasado 5 de septiembre el Ejecutivo argumentó que Iván Velásquez atenta contra la seguridad nacional decidió prohibirle el ingreso al país. Decisión que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad y que ordenó que se le debe permitir el ingreso al jefe de la Cicig.

Sin embargo, un año antes, el 27 de agosto del 2017, Morales declaró “no grato” a Velásquez a quien le exigió que abandone el país “inmediatamente”. La CC amparo al jefe de la Cicig y frenó provisionalmente la intención del presidente de expulsarlo del país.

Sin respuesta

Prensa Libre intentó tener una postura de la Presidencia de la República pero hasta el momento no ha sido posible obtenerla.

Se contactó a representantes de las Comunicación Social de la Presidencia para intentar tener una postura institucional e indicaron que el único que podría hacerlo era el secretario de Comunicación Social Alfredo Brito.

El funcionario no responde a las llamadas hechas a su celular y se le envió la petición de que brinde una postura al respecto mediante un mensaje pero hasta el momento no ha respondido.

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