A finales del 2012 llamaron la atención varias compras que el Ministerio de Cultura y Deportes hizo de balones y uniformes por Q48 millones 193 mil 750, pero más adelante se determinó que fueron sobrevalorados.

Después de señalamientos y denuncias de diputados contra el entonces ministro de Cultura, Carlos Batzín, se hizo una modificación al acuerdo de creación de la IM para que su producción solo fuera para el Ejército de Guatemala.

Dudas por términos

En los cambios más recientes se establece que la IM tendrá como fines importar, fabricar, maquilar, adquirir, comercializar y distribuir armas, equipo, vestuario y otros productos similares.

Se añade: “… y cualquier bien necesario relacionado con seguridad, que requiera el Ministerio de la Defensa Nacional, otros Ministerios y Organismos del Estado”.

Para algunos analistas, la frase “calzado y cualquier bien necesario relacionado con seguridad” podría prestarse a la discrecionalidad.

“Hay que tener cuidado de que no vaya a haber un conflicto de intereses y que se beneficie a la población —dueños— de los grandes negocios de la compra y venta de armas, los cuales, hay que decirlo, la mayoría está en manos de militares o exmilitares”, cuestionó Lizandro Acuña, investigador de seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Agregó que con varios antecedentes negativos reportados en los últimos años se debió pensar bien si era necesario volver a ampliar el espacio de comercialización de la IM.

“Cuando se habla de transparencia no es prudente que se repita este tipo de procesos, si ya se habían denunciado posibles actos anómalos. Recuérdese que la ciudadanía está consciente más de estos actos”, afirmó Acuña.

Al respecto, el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, explicó que, en efecto, no se comercializará con la iniciativa privada, sino solo con instituciones del Estado “afines al tema de seguridad”, y ejemplificó que podrían ser la cartera de Gobernación y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Sin embargo, el acuerdo de modificación no lo especifica, sino que refiere “otros ministerios y Organismos del Estado”.

“Por ejemplo, ellos —Gobernación y SAAS— están teniendo mucho problema en cuanto a proveedores de uniformes y botas, y nosotros tenemos esas capacidades, y qué mejor que ahorrar”, añadió Mansilla.

Ventaja económica

“Sería interesante determinar el peso semántico de ‘comerciar’. No sería aceptable que la Industria Militar comercie con el mismo presupuesto del Estado, que saque ventaja económica de otras dependencias del Estado, porque estaría lucrando con el mismo Estado”, afirmó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Añadió que es notorio cómo no solo se facultó a la IM para hacer negocios con todas las dependencias del Estado, sino que también amplía los fines, en comparación con hace varios años.

Ibarra resaltó que habría que vigilar que no haya líneas de comercio con particulares.

Los precios son más  bajos

El ministro de la Defensa, Williams Mansilla, aseguró que la idea es que otras instituciones del Estado ahorren en este
tipo de compras, porque el precio de la Industria Militar es más bajo que el del mercado.

“No le podría dar un porcentaje de cuánto más bajo es, pero acuérdese que la mano de obra nuestra, mucha gente ya está dentro del presupuesto del Ministerio de la Defensa”, explicó. Agregó que la Contraloría General de Cuentas llevará el control de las transacciones de la IM y de los contratos que se establezcan con otros ministerios, y que la cartera de Finanzas Públicas también tendrá control porque es la encargada de  asignar los recursos.