De acuerdo con el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), desde el 14 de enero del 2012 hasta mediados del presente mes, el Gobierno ha hecho compras con 12 submodalidades por excepción, y el renglón de supuesta “necesidad y urgencia” ha sido la más utilizada.

Los estados de Calamidad por diversos motivos fueron prorrogados constantemente, lo que permitió hacer más compras por excepción.

En una revisión a las adquisiciones hechas en los últimos años son notorias otras irregularidades. En la categoría de “sin submodalidad” aparecen desde contratación de abogados, arrendamiento de inmuebles y compra de artículos de limpieza, hasta adquisición de cupones de combustible y supervisión de obras del Ministerio de Comunicaciones, cuando esas compras tienen sus propios rubros.

En este año en la submodalidad de “Protección del territorio nacional” aparece la adjudicación por Q120 mil por “servicios técnicos profesionales en la asesoría para la oficina de comunicación social de la Dirección General de Migración”, cuando este tipo de contrataciones se ubican en “servicios profesionales individuales”.

El exceso de compras por excepción junto con ampliación de estados de calamidad.

La sobrevaloración en adquisición de insumos y contratación de servicios.

Recientemente se descubrió un fraude en la PNC, en el que dinero para remodelar comisarías fue desviado.

Imperio de dudas

Los más de Q4 mil    251 millones son solo de compras por excepción y se desconoce la cuantificación total de los contratos dudosos y compras sobrevaloradas.

Por aparte está pendiente de establecerse las “cifras de la corrupción” por los casos revelados este año por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

Una de las instituciones donde más se dieron las dudas por adquisiciones es Gobernación, que gastó en remodelación de prisiones y compra de cámaras.

Asimismo, el Colegio de Ingenieros de Guatemala expresó dudas por la discrecionalidad con que se otorgaron más de 60 contratos para la supervisión de mantenimiento de rutas.

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) también efectuó compras fraccionadas de bienes y servicios por montos millonarios.

De acuerdo con Óscar Vásquez, director de Acción Ciudadana, “no hay nada en lo que pueda destacar en transparencia este gobierno”.

Por el contrario, el experto en asuntos de transparencia afirmó que después de la actual administración habrá que “reconstruir las instituciones del Estado”, porque es como que se hubiera dado un “tsunami político, porque destrozaron todo”.

Vásquez propone que entre todos los sectores de la sociedad civil y los organismos Legislativo y Ejecutivo se diseñe una estrategia anticorrupción que permita rescatar las instituciones de la crisis en que están sumergidas.

Hay mecanismos

El portavoz del presidente, Jorge Antonio Ortega, aseguró que el Gobierno ha implementado acciones para combatir la corrupción, como la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret).

Según el portal web de la Copret, esa comisión ha recibido 619 reclamos, entre quejas, denuncias e inconformidades.

Además, hizo ver que el mecanismo de excepción se contempla en la ley.

Ante el señalamiento de algunos analistas de que las dudas y corrupción de esta administración “superaron” a las del gobierno de Alfonso Portillo, Ortega dijo que no se ha hecho una evaluación cuantitativa, pero que el Gobierno ha tenido mayor apertura para que se den a conocer estos casos y se denuncien.

“Hay cursos de capacitación a todos los empleados públicos en la Contraloría General de Cuentas con relación al manejo de las partidas. Muchas denuncias en las alcaldías son por malversación, porque los recursos de una partida se usan para otra cosa”, refirió Ortega.