La propuesta pretende hacer una reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, donde están contempladas las sanciones a los menores de 18 años.

Sin embargo, establece que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), efectúe un análisis siquiátrico para determinar la peligrosidad criminal del imputado.

Los menores que fueran juzgados bajo esta propuesta, deberían purgar su pena en centros penitenciarios para adultos.

Las legislaciones actuales contemplan sanciones para los menores de edad que cometen un delito y existen centros correccionales donde son recluidos.

Las normas vigentes indican además que deben cumplir la sanción en el centro de menores aunque hayan cumplido la mayoría de edad.

La propuesta de Lau obliga a trasladar a centros de adultos a los menores que hayan cumplido la mayoría de edad en un centro menores.

"Un bien particular de un menor no debe de prevalecer ante el bien común de la población" dice @Juanrralau para justificar su iniciativa pic.twitter.com/ldP9gbMgPh

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 19 de abril de 2017

Otra propuesta

Por el contrario, la propuesta de Yax lo que hace es crear 13 nuevos delitos para menores, entre ellos la extorsión, el homicidio, terrorismo, narcotráfico, la asociación ilícita.

De igual forma modifica el término de menor en conflicto con la ley, estableciendo que los adolescentes o niños que cometan cualquiera de los 13 nuevos delitos deberán ser juzgados y sancionados penalmente.

Las propuestas tiene que ser conocidas aún en el pleno para ser enviadas a comisión para dictamen, luego de ello los jefes de bloques deciden si empiezan el proceso de aprobación. A menos que los diputados logren apoyo para que sean dispensadas de dictamen y se aprueben de urgencia nacional.

No obstante, ambas iniciativas podrían reñir con el artículo 20 de la Constitución que establece que “los menores de edad que transgredan la ley son inimputables”.

Centros delictivos

Los últimos acontecimientos en correcionales han causado varios heridos y hasta monitores muertos. Esos centros de reclusión para menores están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Uno de los casos de este año fue en Etapa 2, en San José Pinula. Un motín en esa correccional dejó a cuatro monitores muertos y algunos heridos.

Otra revuelta se registró en Gaviotas, donde también hubo personas afectadas e internos con heridas.