Según los pesquisidores, los investigadores omitieron, ocultaron o simularon información sobre Valladares Urruela y tuvieron conocimiento de los supuestos hechos ilícitos antes de que él tuviera inmunidad, por lo que consideran que esperaron un momento político para solicitar el retiro del antejuicio.
Así, resolvieron que el caso tiene carácter espurio, político e ilegítimo y recomiendan no retirarle la inmunidad a Valladares Urruela, para lo cual el pleno deberá votar.
De acuerdo con el MP y la Cicig, el ministro, cuando fue alto directivo de la empresa de telecomunicaciones Tigo, dio maletines de dinero en efectivo a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti o a personas de confianza de ella, el cual se repartía entre diputados para dar votos a proyectos que demandaba la Vicepresidencia.
Lea también: La controversial herencia que deja el presidente Jimmy Morales a su sucesor
Resultado de ese dinero, dado a modo de “promesa de dádiva”, el Congreso aprobó en abril de 2014 la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Durante su comparecencia ante los pesquisidores, Valladares negó que haya sobornado a funcionarios para la aprobación de esa ley.
Dijo que la investigación tiene inexactitudes, ocultamiento e implantación de evidencia, por lo que calificó el caso como espurio, político e ilegítimo.
Contenido relacionado
> Caso Subordinación es una prueba para la independencia de la CSJ
> Brochas y champurradas: De qué se trata el caso de corrupción Subordinación
> Corte de Constitucionalidad entierra el transfuguismo y así concluye la polémica legislativa
