La declaración del comisionado fue con motivo de la presentación del libro La Corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El titular de la Cicig intervino para exponer los temas principales abordados en ese libro: la corrupción y la impunidad.
 
Para Velásquez, la corrupción ha sido un tema creciente y que ha puesto en foco las preocupaciones nacionales e internacionales. “Estamos frente a uno de los obstáculos más firmes contra el desarrollo humano de las poblaciones”, aseveró.

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“Cuando un país tiene mayor certeza, una justicia fuerte, implica también mejora en los indicadores de seguridad”, agregó.

“Es adecuado el abordaje de la publicación que relaciona y explora las relaciones entre la democracia y la corrupción, en una sociedad que busca consolidar su sistema democrático”, comentó. 
 
La transparencia, participación y auditoría social, la fortaleza del sistema de justicia y el control estricto del uso de los recursos públicos son condiciones esenciales, de manera tal que cada dimensión de la democratización debe ser real, según  el comisionado.
 
También razonó que reducir el impacto de la corrupción con el afán de desterrarla “debe ser una orientación constante de las políticas públicas, de las reformas legales y de los mecanismos de consolidación democrática”.

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Para el comisionado de Cicig, los casos de corrupción “son resultados del sistema” e “indicadores de que algo no está funcionando bien”, sobre el cual hay un desafío continuo para descubrir modos de operar tramposos y oscuros que pugnan contra el proceso democrático.

Destacó que el circulo vicioso de la corrupción exige diseñar la estrategia delictiva o el modus operandi, implementarla, obtener los beneficios y escapar de la vigilancia o la investigación penal. 

Velásquez valoró los aportes del libro, que entrega ideas para continuar en los esfuerzos para la erradicación de la corrupción, que deben ser considerados en los programas y proyectos que el sistema de justicia lleva adelante.