La iniciativa también es firmada por los diputados Leopoldo Salazar, Hérber Melgar Padilla, Javier Hernández, Ángel González, Sergio Arana y Douglas Rivero.
En la sesión plenaria de este miércoles 1 de febrero, la iniciativa fue leída en el pleno y enviada a las comisiones de la Defensa Nacional y de Derechos Humanos, donde se hará el análisis y se emitirán los dictámenes respectivos.
“Es una iniciativa que viene del Ejecutivo, nosotros la vamos a analizar en la Comisión de Defensa. Miren, aquí es una cosa que ya existe en el artículo 18 de la Constitución, existe la pena de muerte, aunque está vigente no está positiva, entonces el procedimiento es hacer una denuncia al Pacto de San José y retomar la obligación del Presidente de poder hacer los indultos a la pena de muerte”, expuso el diputado Hérber Melgar Padilla.
La propuesta se presenta cinco días después de que el presidente Alejandro Giammattei durante su discurso en la graduación de dos mil agentes de la Policía Nacional Civil hiciera referencia al tema.
“Y ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva, porque no me temblaría la mano si son llevados y condenados a pena de muerte los que mataron a esa niña de 7 años, recientemente en Villa Nueva”, dijo el mandatario con relación al caso de Génesis Ixcajop, asesinada en Ciudad Peronia, Villa Nueva.
La iniciativa señala que tiene como finalidad “determinar” si en casos concretos procede conmutar la pena de muerte a juicio del Jefe de Estado, para ser sustituida por la privación de la libertad regulada en las leyes actuales.
A la fecha, la pena de muerte no es aplicable en el país, derivado de que existe un “vacío legal”, según reconoce la iniciativa, derivado de que no se cuenta con el recurso del indulto, con lo cual se violenta el debido proceso y el derecho de petición, detalla en la exposición de motivos.
“Vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena y al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con la normativa constitucional, resulta necesario crear un mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que ésta persigue, como una forma de extinción de responsabilidad y de la sanción penal”, expone la iniciativa.
En el 2017, la Corte de Constitucionalidad resolvió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente.
Mientras que en el 2004 se derogó el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente del país suspender la ejecución.
La última ocasión en la que se aplicó la pena de muerte en Guatemala fue en el 2000; sin embargo, por el pacto de San José su legalidad ha estado en entredicho.
