Según el mandatario, esta decisión es para “fortalecer a las instituciones del Estado” y afirmó que, luego de más de 10 años trabajo, corresponde la transferencia de capacidades de la comisión al Estado.

El mandatario aseguró que el año pasado ya se había notificado a la ONU sobre “preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto al actuar irresponsable de la comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes e induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad”.

La decisión ha generado diversos puntos de vista en la sociedad guatemalteca. Los países donantes expresaron preocupación, respaldaron el trabajo de la comisión y pidieron a Morales reconsiderar la medida.

Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad ya recibió información del Ejecutivo para saber por qué movilizó vehículos militares el viernes frente a la Cicig, en seguimiento a una solicitud de amparo del procurador Jordán Rodas.