Política

Escuchas telefónicas revelan recaudación de fondos de Alejos, Torres y Leal

Escuchas telefónicas muestran el papel de recaudador de fondos de Gustavo Alejos para campaña de la UNE con el aval de la candidata Sandra Torres.

Sandra Torres, durante un mitin en el 2015. (Foto: Hemeroteca PL)

Sandra Torres, durante un mitin en el 2015. (Foto: Hemeroteca PL)

Una serie de intercepciones telefónicas autorizadas para el seguimiento de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Mario Leal Castillo por los casos Negociantes de la Salud y Traficantes de Influencias muestran la implicación de estas dos figuras políticas en la captación de fondos para la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en las elecciones del 2015.

Entre los interlocutores de estas llamadas está la entonces candidata presidencial, Sandra Torres Casanova, cuyo antejuicio fue rechazado in limine este miércoles por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto a otros cuatro diputados y dos alcaldes.

Según el expediente de antejuicio consultado por Prensa Libre y Guatevisión, Torres conocía las labores de recaudación de fondos realizadas por Alejos y Leal, tanto del dinero captado como del aporte en especie para la campaña, además coordinó con Alejos el uso de helicópteros prestados por el empresario para los traslados de la candidata.

La acusación del Ministerio Público (MP) señala que un grupo formado por candidatos a cargos públicos y operadores externos al partido, entre los cuales estaban el binomio presidencial de la UNE en 2015, Torres y Leal Castillo, y el empresario Gustavo Alejos, se coordinó para captar fondos para la campaña por Q19.31 millones sin reportar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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“Para demostrar esta hipótesis la investigación documenta, conforme análisis financiero y criminal con su respectiva documentación de respaldo, que para los comicios electorales del año 2015 dentro del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se estableció una estructura organizada de financiamiento electoral paralela al partido, que a través de empresas de papel y de fachada deliberadamente omitió registrar multiplicidad de aportes al mismo”, detalla la acusación.

Por estos hechos también se imputó a los diputados Jairo Flores Divas, Karina Paz Rosales, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales electos en lo comicios del 2015 por la UNE, así como a los alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, Quiché; y Ángel Ren Guarcas, de Chiché, Quiché.

Concentran recursos

Para el desvío de los fondos y los aportes no reportados en la campaña electoral del 2015, el Ministerio Público identificó a la Empresa Maariv, S.A, la cual habría sido utilizada por Alejos, Torres y Leal para concentrar y ocultar parte del financiamiento dirigido a la UNE.

Sin embargo, los aportes no fueron registrados ante el TSE. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) identificó a Maariv a través de seguimiento de la ruta del dinero, además de las declaraciones testimoniales.

En las escuchas telefónicas utilizadas en la investigación Gustavo Alejos menciona a la empresa para realizar un donativo, que sería para la campaña. Además, Maariv es identificada como una empresa de cartón y su ubicación en una casa abandonada.

Un informe financiero adjunto al expediente judicial detalla que Maariv S.A. tuvo un movimiento financiero de Q4.68 millones entre abril y junio de 2015. Sin embargo, para el año 2016 la Superintendencia de Administración Tributaria practicó una auditoría completa a la contabilidad de esta empresa como contribuyente durante los años 2014 y 2015, y registró que esta “no realizó ninguna actividad comercial”.

Mario Leal Castillo. (Foto: Hemeroteca PL)

Otros elementos de prueba

Alrededor de 60 testimonios han sido recopilados para fundamentar la investigación por delitos electorales contra la UNE y algunos de sus integrantes. Además la indagación cuenta con análisis financieros y de rastreo de transacciones monetarias.

Otros de los implicados en el caso se encuentran prófugos por otros procesos como los exdiputados Carlos López Girón, anterior representante de Quiché y electo por la UNE, y el excongresista Julio César López Villatoro, representante por Huehuetenango por el mismo partido.

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Varios de los elementos de prueba que condujeron a la acusación contra Torres provienen de investigaciones previas del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En concreto, los casos Negociantes de la Salud, en la cual se encuentra sindicado Alejos Cámbara, y Traficantes de Influencias, caso por el cual se encuentra prófugo el excandidato a la vicepresidencia Mario Leal Castillo.

Postura

Se buscó una respuesta de representantes del partido sobre el contenido de las intercepciones telefónicas citadas en este texto, pero al cierre de esta edición, Óscar Argueta, representante de la agrupación partidaria ante el TSE y diputado, indicó que no se pronunciará sobre audios que desconoce.

En redes sociales

En redes sociales Torres dirigió el siguiente mensaje horas después de que se anunciara que no se le retiraría el antejuicio: “Merecemos y tendremos un proceso electoral libre y transparente. La justicia y el MP no deben responder a intereses espurios de aspirantes a políticos que no entienden que en democracia el pueblo decide por medio de las urnas. ¡A los guatemaltecos no nos van a robar las elecciones!”.

Mientras que la cuenta oficial del bloque legislativo de la UNE consignó el siguiente mensaje: “Respecto al rechazo del antejuicio contra @SandraTorresGUA y diputados, Orlando Blanco afirma que este caso es una lección para Thelma Aldana y su estructura ilegal. “Que entiendan que la justicia no se debe politizar; no se van a robar las elecciones”.

Gustavo Alejos. (Foto: Hemeroteca PL)

CSJ rechaza antejuicio contra Sandra Torres

Con un voto dividido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó ayer la solicitud de antejuicio del Ministerio Público (MP) contra Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por considerar que no tenía elementos de racionabilidad suficientes.

El pedido de retirar la inmunidad lo presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El señalamiento contra Torres fue por supuesto financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

El antejuicio también incluía a los diputados de la UNE, Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales, que también fue rechazado sin entrar a conocer.

El vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, informó que la magistrada Silvia García votó en contra de forma parcial, porque pidió que solo se siga el caso contra Torres. También votaron en contra Delia Dávila y María Eugenia Morales.

La acusación del MP y la Cicig se centró en supuestos delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
A los cuatro se les sindicó que, bajo la instrucción de Torres Casanova, gestionaron para recibir aportes por medio de las empresas Maariv, Promotora de Recursos Habitacionales S. A. (Prohabsa), y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S. A.

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Al ser consultado por la resolución, el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, respondió: “Utilizaremos las vías impugnativa, en este caso, la acción constitucional de amparo”.
En cambio, diputados de la UNE que estaban en sesión plenaria se mostraron contentos al enterarse del fallo de la CSJ.

El caso se originó de las pesquisas del proceso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado.
En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Dos de las empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP, tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo —prófugo— y otra con el diputado de la UNE, Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

La candidata presidencial acusó a la anterior fiscal general, Thelma Aldana, de estar detrás de este señalamiento cuando supo acerca del antejuicio durante una conferencia en la sede de la bancada de la UNE, el 7 de febrero último. “Es una denuncia espuria y totalmente política”, manifestó Torres.

Mario Siekavizza, vocero de la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Carlos Hernández)

LAS INTERCEPCIONES:

1) Incorporan a Leal

Sandra Torres y Gustavo Alejos discuten en 2015 la incorporación de Mario Leal a la campaña de la UNE y el apoyo en labores de recaudación.

Contexto: Mario Leal Castillo fue el secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia del expresidente Otto Pérez Molina y uno de los financistas de campaña del Partido Patriota. Previo a aceptar al empresario como vicepresidenciable de la UNE, Torres y Alejos discuten sus antecedentes.

Contexto: Gustavo Alejos negocia con Torres una posible casilla en el Parlamento Centroamericano (Parlacén) para obtener inmunidad. Se encuentra procesado por los casos Transurbano, Negociantes de la Salud, Construcción y Corrupción y recientemente fue señalado de financiamiento ilícito al partido UNE.

Parte de la transcripción textual de las conversaciones.

2) Detalles de aportes

Gustavo Alejos y Sandra Torres discuten sobre la recepción de fondos entre donantes y el uso de helicópteros para viajes durante la campaña electoral:

Contexto: En la intecepción se hace mención a “Carlos Gil” como financista. El exdiputado del PP y empresario farmaceútico, Carlos Arturo Batres Gil se encuentra prófugo por el caso Odebrecht.

Contexto: Carlos Gabriel Guerra Villeda se encuentra procesado por el caso Cooptación del Estado por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral lícito y cohecho activo. El MP lo acusa de financiar ilegalmente la campaña del PP y posteriormente recibir contratos de obra pública en pago.

3. Captan recursos

Gustavo Alejos discute con un probable empleado de una farmacéutica el traslado de fondos para la campaña de la UNE en 2015:

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Nota de la Redacción del 6 de marzo de 2019: Carlos Gabriel Guerra Villeda empresario de la construcción procesado por el caso “Cooptación del Estado” se comunicó a este diario en relación con notas publicadas el 28 de febrero y 1 de marzo sobre escuchas telefónicas en el caso por financiamiento electoral ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): “aclaro que yo no soy la persona que mencionan en dichas escuchas telefónicas y que tampoco pose una capacidad económica de esa magnitud”. Esto último en relación a una oferta de aporte a la campaña electoral de la UNE, por Q40 millones, citada por Gustavo Alejos en una escucha telefónica con Sandra Torres de una persona nombrada en la escucha como “Gabriel Guerra”.