La fiscalización será el principal reto de la asignación de los Q254 millones destinados para atender la emergencia de la violenta erupción del Volcán de Fuego ocurrida el pasado 3 de junio, y que cobró más de un centenar de vidas.

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Según explicó, la CGC prepara un equipo de auditores que vele para que el proceso de gastos sea transparente, mientras el ministro de Finanzas dice que aún falta terminar el recuento de daños.

El Gobierno asignó Q254 millones para la primera fase de emergencia; sin embargo, la demanda supera los Q460 millones.

Está pendiente de que el Congreso apruebe un crédito de US$250 millones (Q1 mil 800 millones), parte del cual sería para reconstrucción.

“El equipo de auditores está preparado”

En opinión del subcontralor, la Constitución de la República ordena la fiscalización de gastos del estado de Calamidad.

Elías explicó que que la institución “tiene un equipo de auditores preparados para iniciar con la fiscalización del programa presupuestario”.

“El contralor —Carlos Mencos— envió un oficio al ministro de Finanzas —Julio Héctor Estrada— para solicitar que nombre a una autoridad temporal, con el propósito de tener un enlace directo y poder ejercer la acción fiscalizadora de una manera muy efectiva”, explicó el funcionario.

Refirió que el Ministerio de Finanzas también debe crear un programa presupuestario para facilitar la fiscalización de todos los gastos.

Agregó que la Contraloría ya tiene a disposición un equipo de profesionales para darle acompañamiento a los procesos de distribución, resguardo y mecanismos de control de los víveres y donativos en especie que se han recibido.

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El principal reto, según Elías, es “que los funcionarios sepan distinguir entre algo emergente y algo del giro normal de la institución”.

“Por ejemplo, no podríamos admitir que la compra de lámparas para un parque central sea algo para atender una emergencia. En cambio, si se tuvo que comprar glucómetros porque había personas que son diabéticas y con la emergencia sus pertenencias fueron soterradas y estos aparatos se tienen que comprar para poder saber cómo tratarlas, es totalmente distinto al primer caso”, aseveró el funcionario.

Dijo que lo hacen con el propósito de evitar la cotización o la licitación; entonces, “nuestros auditores son muy minuciosos en ese sentido”, enfatizó.

“Si son compras que se pueden realizar en otro momento, los auditores procederán a presentar la denuncia”, dijo Elías.

Recuento de daños

“Es prematuro. Lo más importante y la razón de más peso que veo es que no ha terminado la emergencia. No tenemos las implicaciones en los planos topográficos y cauce de ríos. Eso aún lo vemos con la lluvia y más erupciones”, señaló el funcionario.

“Los Q254 millones se han asignado específicamente para la emergencia en distintos ministerios. ¿Cuánto se ha devengado? Probablemente, poco o nada. Recordemos que las empresas y las instituciones se empiezan a comprometer”, dijo Estrada.

Agregó que es difícil anticipar todos los inconvenientes, y aunque esperan que “no haya más daños, si la situación no permite hacer un análisis completo y hay temas de calamidad que atender, probablemente se necesite ampliarlo”.

Según Estrada, el ministerio ya cuenta con un programa informático específico para centralizar los gastos que se hagan en el marco del estado de Calamidad, lo que permitirá una mejor fiscalización.

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Ese programa se creó hace 10 días, y ya tiene asignaciones presupuestarias. Se puede ver desde el portal electrónico del Ministerio.

Estrada añadió que ya se tiene un enlace y lo que aún se analiza es si deja a la persona que ya está o se asigna a una específica para que sea el enlace único con la Contraloría General de Cuentas, en el tema de auditorías.

“Lo del enlace aún no lo hemos resuelto. Ya tenemos uno que ve gastos de esto, como de otras cosas. Tenemos comunicación, un convenio de acceso a la base de datos del Ministerio de Finanzas y de datos abiertos”, explicó el ministro.

Sobre la posibilidad de pedir una ampliación presupuestaria para atender la emergencia, Estrada dijo que para hoy está agendado en el Congreso la aprobación de un préstamo con el Banco Mundial por Q250 millones.

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