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Durante el estado de excepción, decretado por el Ejecutivo el 4 de septiembre pasado, por 30 días, fueron detenidas 851 personas por diversos hechos, el 32.5 por ciento por estar en estado de ebriedad -277 capturas- y 243 personas -28.5%- que ya tenían una orden de captura por hechos anteriores. Lo que quiere decir que el 61% de las aprehensiones no se relacionan a hechos vinculados con el enfrentamiento en el que murieron soldados o actividades del narcotráfico.
El análisis del Cien, presentado por Ronaldo Leiva, consultor de la entidad y exministro de la Defensa, resalta la destrucción de 17 pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves en Izabal, “que se considera un corredor del narcotráfico.
Leiva criticó que “la declaratoria del Estado de Sitio les dio visibilidad a las comunidades del sector -en Izabal-, las cuales, en general, se encuentran abandonadas por el gobierno central y los gobiernos municipales”.
La restricción de garantías, por 30 días, aplica para todo Izabal y los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, La Tinta, Tucurú, Cahabón, Panzós, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; Río Hondo, Teculután, Gualán y Usumatlán, Zacapa; San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, Purulhá, Baja Verapaz, y San Luis, Petén.
En análisis expone que la “ausencia del Estado es un factor de riesgo para que miembros del crimen organizado se aprovechen de la necesidad de la población local para coaccionarlos o cometer ilícitos”.
“La capacidad institucional del país está corta para hacerle frente a las actividades del narcotráfico. La pregunta es cuáles son nuestras prioridades como país, si no queremos llegar a ser un narcoestado”, refiere el experto.
Agregó: “Llama la atención que el Ministerio de Desarrollo no desplegó personal para atender el estado de Sitio, como sí lo hicieron Defensa, Gobernación, Agricultura, Cultura y Deportes, Salud y Ambiente”.
Los hallazgos del informe del Cien resaltan que “en algunos casos los grupos del narcotráfico han usado a la población como escudos humanos mientras descargan avionetas y huyen del lugar, impidiendo la reacción inmediata de las fuerzas de seguridad.
El consultor indicó durante la presentación del informe que la población entrevistada relató “que muy pocas veces llega la Policía Nacional Civil a esos lugares” del Estor.
"Una de las recomendaciones es integrar esfuerzos para diseñar una Política Nacional para Contrarrestar la Narcoactividad" comparte @rleiva2 en #SeguridadGT pic.twitter.com/7XcpvS2FC7
— CIEN (@CIENgt) December 3, 2019
Destacó que no solo el enfrentamiento que dejó tres militares muertos causó las medidas de control del gobierno, sino que se detectó “actividad minera ilegal” que también “provocó el Estado de Sitio”.
“En el caso del municipio del Estor, en donde surgió la problemática por la cual fue decretado el Estado de Sitio, la situación económica es precaria. Hay pocas fuentes de empleo formal, pese a que las opciones de trabajos son no calificados, la población busca emplearse y obtener ingresos por la vía legal”, concluye el informe.
“Es necesario reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante la presencia de grupos criminales”, señaló Leiva, “ya que lo mismo es responsabilidad del Estado.”
De acuerdo con Leiva, el problema es que el estado de Sitio ya concluyó y “la delincuencia vuelva otra vez al lugar”.
“La presencia del Estado puede prevenir que quienes se dedican a actividades ilícitas puedan ganarse para sus intereses a una población que históricamente ha estado en el olvido de las agendas de desarrollo de los gobiernos de turno”, comentó el consultor.
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