La copia de la carta forma parte del expediente adjunto en la notificación que la CC envió a una de las agencias de Naciones Unidas involucradas en el proceso.

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Tres peculiaridades

Al leer la carta  se pueden encontrar estos tres detalles:

Primero: Solo tiene la firma del presidente

La fuente llamó la atención sobre que la carta solo tiene la firma del gobernante, mas no la de ministros relacionados con las relaciones exteriores ni del Consejo de Ministros.

Consultado el exmagistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, opinó que se viola el artículo 182 constitucional que en el segundo párrafo dice lo siguiente:

• El Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos; es el Comandante General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República.

En opinión de Molina Barreto, eso haría que la carta y las decisiones que de ella emanan queden nulas. Además, comentó que esa pudo haber sido la razón por la que el tribunal otorgó dos amparos el domingo a favor de Velásquez.

Segundo: Tiene dos fechas

Es notorio que la carta menciona las fechas 26 de agosto -sábado- y 27 de agosto -domingo, cuando el mensaje se difundió en redes sociales-.

Tercero: ¿A quién la dirige?

En la declaración a la ciudadanía instruye al “ministro encargado del despacho de Relaciones Exteriores” cumplir con lo ordenado, pero en la carta se dirige a la “ministra”.

El mensaje se difundió a las 6 horas del domingo. Minutos después se hizo oficial la remoción del canciller Carlos Raúl Morales, en cuyo lugar llegó Sandra Jovel.

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Declaración

El gobierno difundió el domingo temprano un video en el que el presidente Morales declaraba “non grato” a Iván Velásquez y ordenaba a Cancillería expulsarlo del país, lo que originó una serie de reacciones en contra de la decisión del mandatario.

Ese mismo día la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó dos amparos provisionales a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y al Centro de Acción Legal Ambiental (Calas), con el que dejó en suspenso lo dispuesto por Morales.

El Ejecutivo se dice respetuoso de las resoluciones de las cortes, pero en esta ocasión la ha sometido a “análisis”.