El Decreto 7-2017, aprobado con 81 votos a favor, endurece la labor del Ministerio de Trabajo y le otorga poder sancionatorio a las inspectorías de Trabajo, compromiso adquirido por el país desde que ratificó el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta modificación se hace en medio de la amenaza de la OIT de enviar a la Comisión de Encuesta debido a las constantes amenazas de violaciones a los derechos laborales que se reciben en esa instancia internacional.

Además, con esta normativa, propuesta en noviembre del año pasado por el Ejecutivo, a través del jefe de bloque del partido de Gobierno, Javier Hernández, también pretende evadir la presencia del Panel de Arbitraje, el cual podría activarse por incumplimientos al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe (DR-CAFTA), donde también han sido presentadas varias denuncias de vejámenes en materia laboral.

El diputado Ovidio Monzón explicó que la nueva normativa, que deberá ser sancionada por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial, fortalece el Ministerio de Trabajo. “Su labor ya no será para otorgar el bono a los viejitos, ahora sí podrá fiscalizar y sancionar”, aseguró.

Las reformas pretenden que las inspectorías de trabajo tengan poder sancionatorio, lo que evitará que todos los casos sean enviados a los juzgados laborales donde hay quejas de procesos largos y tardados.

“Se descongestionarán los juzgados laborales”, detalló Monzón.

Punto resolutivo

Durante la sesión la diputada Cristina Quinto pidió aprobar un punto resolutivo para solicitar la presencia del Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés), para que colabore con las investigaciones en el caso Hogar Seguro.

El diputado Raúl Romero y Amilcar Pop rechazaron la propuesta, y explicaron que se debe a que ya están apoyando.

La sesión plenaria concluyó por falta de quórum.