Las pesquisas provienen de una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas.

La adquisición de los tres radares tiene varias irregularidades, entre las que se encuentra que el contrato que se firmó el 12 de diciembre del 2012 entre el Ministerio de la Defensa e Indra Sistemas, S. A., de España, se hizo bajo la legislación de ese país y, por ende, las  controversias que  puedan surgir en orden a la interpretación o cumplimiento del contrato se hará bajo la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.

El contrato incumple con las leyes aplicables en Guatemala, por lo que se priva al Estado de cualquier derecho o reclamo que surja durante su ejecución.

La compra de los radares está contemplada en el decreto 28-2012 del Congreso, con el que se aprobó el crédito de US$36 millones 964 mil 870 con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. De ese monto se destinaron US$33 millones 220 mil “para el suministro, instalación, puesta a punto y pruebas en campo, en estado operativo de tres radares ARSR-10D3LR3D en banda L”, y la prima de la póliza de seguro emitida por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A., por US$3 millones 744 mil 874.

El decreto autoriza al Ministerio de la Defensa a suscribir un contrato comercial, pero no indica que deba hacerse bajo una legislación diferente a la guatemalteca, por lo que se debieron respetar las leyes del país.

Sin  conexión

Los radares están instalados en  Puerto San José, Escuintla; Puerto Barrios, Izabal, y Petén. El primero se encuentra en un lugar que está expuesto a la erosión por el salitre y  no tiene protección. En Puerto Barrios, el radar se ubica en el cerro San Gil, en el bosque, y su nivel de visibilidad es hasta determinada altura y toda navegación aérea que vuela por debajo de la altura reportada no es detectada. El de Petén se ubicó en  San Andrés.

Los radares no están comunicados entre sí. Si una aeronave vuela sobre Izabal con destino a Petén, no se sabría de manera inmediata que se dirige a ese lugar sino hasta que la base en Izabal informe. Lo mismo ocurriría si otro aeroplano se dirige de Escuintla a Izabal.

La falta de comunicación hace que el sistema sea ineficiente.  Si estuvieran comunicados, la información se obtendría de manera inmediata.

Según  expertos, los radares lo único que pueden detectar son pedazos de metal en el aire y no pueden identificar el tipo de navegación, aparte de que no están conectadas, por incompatibilidad, con la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Más  irregularidades

En el proceso de compra de los radares hay otros vicios, como que no se publicó el concurso en Guatecompras. Tampoco se cuenta con proyecto de bases, como lo establece la normativa interna de la cartera castrense.

Además, los documentos provenientes del extranjero incumplieron con los pases de ley. Tampoco existen  garantías para el Estado por el equipo adquirido y se incumplió con la presentación del estudio de impacto ambiental.

Postura

La vocera del ministerio de la Defensa, Karen Silvana Pérez, afirmó que desconocen la denuncia, pero que están dispuestos a entregar cualquier información que necesite el MP sobre la adquisición de esos aparatos.

También se intentó hablar con el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, sobre la denuncia presentada, pero no respondió las llamadas a su celular.

Procesados

Tanto Anzueto como López Ambrosio se encuentran ligados a proceso penal por el caso Cooptación del Estado,  por asociación ilícita y lavado de dinero.

Ambos están señalados de haber contribuido a la compra de  obsequios para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cuando gobernaban el país, con dinero que podría tener origen ilícito.

Antecedente: desisten de aviones

A finales del 2013, el  presidente Otto Pérez Molina informó que el Gobierno ya no adquiriría seis aviones Súper Tucano que iban a ser comprados a una empresa brasileña con un préstamo de US$133 millones del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, en portugués) aprobado por el Congreso en el 2012.

El Gobierno desistió de la adquisición de las aeronaves con el argumento de que estaban sobrevaloradas y que la empresa brasileña no cumplió con enviar expertos para brindar detalles técnicos.

El supuesto sobreprecio era de unos US$18 millones.

El Estado, al no utilizar el crédito del Banco de Brasil, tuvo que pagar una penalización de Q3 millones.

Pérez Molina también señaló que la compra de los aviones ya no eran prioridad para el Ministerio de la Defensa.
Como opción se planteó reparar algunos aviones de la Fuerza Aérea y comprar otros a Israel, pero no se concretó.