El Ministerio de Finanzas sería el encargado de hacer los avalúos en las propiedades de interés para la carretera. A continuación, el Ministerio de Comunicaciones podrá pagar al propietario el valor del inmueble durante los siguientes 30 días.

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Los dueños quedarán bajo la condición de lo toma o lo deja: si acaso el dueño se resiste, las autoridades consignarán lo ocurrido ante un juzgado y eso los facultará para dar inicio a la obra.

Las municipalidades que tienen jurisdicción en el área por donde pasará el libramiento deberán ajustar sus planes de Ordenamiento Territorial para que a largo plazo no ocurra lo que sucede en la actualidad en Chimaltenango, donde el comercio y construcciones particulares han hecho que el tránsito sea lento.

Acisclo Valladares, comisionado para la Competitividad, dijo que el Estado estaría haciendo uso de sus facultades y la legislación propuesta es similar a lo que ocurre con Estados Unidos o Colombia, donde la red vial ha sido declarada de utilidad pública.

Según vecinos que se ponen al proyecto, las autoridades no tomaron en cuenta su opinión antes de comenzar con la ejecución de la obra, ya que muchos de ellos serán afectados con la pérdidas de sus viviendas o negocios.

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A paso lento

El proyecto consiste en una carretera de 15 kilómetros, que hasta julio de este año aún no alcanzaba ni el 50 por ciento de avance. En esa ocasión el presidente Jimmy Morales aseguró que en un año estaría terminada la ruta.

La construcción del tramo, que comienza en el kilómetro 48 y finaliza en el 63, tendrá un costo aproximado de Q312 millones.

Por la cabecera de Chimaltenango transitan alrededor de 21 mi automotores al día, y en las horas pico el congestionamiento hace que pilotos pasen en la cola hasta dos horas o más.