Latinoamérica cerrará 2018 con un crecimiento del 1.2%, una décima menos que lo registrado en 2017, y se expandirá en 2019 a una tasa del 2.2%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a principios de octubre rebajó sus proyecciones para la región.

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Los ajustes de los organismos responden sobre todo a la preocupación por la crisis en Argentina, provocada por la fuerte inestabilidad cambiaria que se desató a finales de abril y que llevó al Gobierno a pedir un crédito al FMI de US$57 mil cien millones.

La economía argentina se contraerá un 2.6% este año y un 1.6% para 2019, como señala el FMI en su último informe “Perspectivas Económicas Globales”. La Cepal es más pesimista y calcula una caída del PIB argentino para 2018 del 2.8%.

Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, también es motivo de intranquilidad, a pesar de que crecerá previsiblemente un 1.4% este año. El gigante sudamericano no termina de superar los efectos de la severa crisis de 2015 y 2016 y mantiene unos índices de desempleo aún preocupantes y un déficit fiscal desbocado, según los analistas.

Venezuela, por su parte, sigue concentrando los malos augurios económicos de la región, con una contracción estimada para 2018 de hasta el 18 por ciento, según el FMI.

Quien también se unirá este año a la lista de países con dificultades económicas es Nicaragua, cuyo su PIB caerá un 4% debido a la crisis socio-política iniciada el pasado abril.

Pero las expectativas económica de Latinoamérica son muy heterogéneas y hay países que mantendrán elevadas tasas de crecimiento pese a los avatares regionales e internacionales.

Los países que más crecerán este año son República Dominicana (5.6%), Panamá (4.8%) y Paraguay (4.6%), de acuerdo con Cepal. En menor medida lo harán Bolivia (4.3%), Perú (3.9%), Chile (3.9%), Colombia (2.7%), México (2.2%), Uruguay (1.9%), Ecuador (1%), las islas del Caribe y el resto de países centroamericanos.

España, por su parte, afianza su recuperación y se sitúa a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la zona euro, por encima de Alemania, Francia o Reino Unido. El organismo que dirige Christine Lagarde calcula que el PIB español se expandirá un 2,7 % en 2018 y un 2,2 % en 2019.

El vecino Portugal también sale bien parado del análisis del FMI y su economía recuperará previsiblemente este año los niveles de hace una década, antes de que estallase la crisis financiera. Las proyecciones apuntan a que el país luso crecerá un 2.3% al cierre de 2018.

Pese al estancamiento del crecimiento latinoamericano, las preocupaciones por Brasil y Argentina, y el clima de incertidumbre generado por las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, el intercambio comercial entre Latinoamérica y la península Ibérica, en especial con España, atraviesa un buen momento.

España es la puerta de entrada a Europa para Latinoamérica, mientras que los países latinoamericanas son una vía de penetración hacia Estados Unidos.

El año pasado, España exportó a Latinoamérica bienes y servicios por más de US$15 mil 257 millones, un 12.7% más que en 2016, e importó 16 mil 999 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% con respecto al periodo anterior, según el Ministerio español de Economía y Empresa.

Como estados miembros de la Unión Europea (UE), España y Portugal disfrutan de los acuerdos comerciales suscritos con países como Chile y México y de los tratados vigentes con bloques económicos como Centroamérica o el eje Colombia-Perú-Ecuador.

La UE, además, encara la recta final de las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

Las empresas europeas, en especial las españolas, representan además una fuente de inversión muy importante para Latinoamérica. En 2017, Europa se consolidó como el mayor inversionista en la región y aportó el 42 % de las inversiones, seguido de Estados Unidos con un 28 %, según datos de Cepal.

La agencia de la ONU alertó sin embargo el pasado julio de que la inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica cayó en 2017 por tercer año consecutivo y quedó en 161.673 millones de dólares debido a la incertidumbre generada por las corrientes proteccionistas y a la bajada de los precios de las materias primas, que reducen el atractivo de la industria extractiva.