Política

Guatemala comparte con Honduras el puesto 26 en corrupción a escala latinoamericana, según TI

Guatemala y Honduras se encuentran en el puesto número 26 del Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional (TI).

El gobierno de Estados Unidos sostiene que la corrupción en Guatemala es endémica, sistémica y se encuentra entre los principales desafíos. (Foto: Hemeroteca PL)

El gobierno de Estados Unidos sostiene que la corrupción en Guatemala es endémica, sistémica y se encuentra entre los principales desafíos. (Foto: Hemeroteca PL)

El informe, divulgado este jueves por TI, centra sus dardos en “el papel corruptor del ‘gran dinero’ en el financiamiento de los partidos políticos” y destaca la creciente “frustración” con las prácticas ilegítimas de los gobiernos y la falta de confianza en las instituciones, que considera que erosiona la democracia en su conjunto.

En el terreno negativo, la coordinadora regional resaltó el “decepcionante” caso de Honduras, que acaba de cerrar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La coordinadora regional para las Américas de TI, Teresita Chávez, lamentó en una entrevista con Efe que América Latina lleve cuatro años “atascada”, sin registrar mejoras. “Esto demuestra que la región fracasa en la lucha contra la corrupción”, argumentó la experta, que relacionó esta lacra con las protestas en Chile y Panamá.

A su juicio, la región latinoamericana arrostra “retos significativos de líderes políticos que actúan en sus propios intereses a expensas de los ciudadanos” e hizo hincapié en los problemas del financiamiento partidario, las consultas públicas de la acción de gobierno y la integridad electoral. La corrupción, agregó, acaba “desgastando” a la democracia.

La influencia sin cortapisas del poder económico sobre el político y las guerras son los grandes catalizadores de la corrupción, revela este jueves la ONG Transparencia Internacional (TI) en su tradicional clasificación anual, en la que suspende el 67 % de los 180 países analizados.

Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina, y Uruguay y Chile como los más limpios, según el informe, que denuncia que la región ha sido incapaz de hacer progresos significativos.

Chávez destacó como sintomático de la región el escándalo Odebrecht, “uno de los mayores a nivel global”, que se extiende por diez países latinoamericanos donde la constructora brasileña entraba a través de “donaciones” a partidos en campaña.

Junto a Uruguay (puesto 21, 71 puntos) y Chile (puesto 26, 67 puntos), tan solo Costa Rica (56 puntos) aprueba entre los latinoamericanos. A continuación se encuentran Cuba (48), Argentina (45), Ecuador (38), Colombia (37), Panamá y Perú (36).

Tras estos países se encuentran Brasil (35), El Salvador (34), Bolivia (31), México (29), República Dominicana y Paraguay (28), Guatemala y Honduras (26). Cierran la clasificación Venezuela (puesto 173, 16 puntos) y Nicaragua (puesto 161, 22 puntos).

Guatemala estaba en el puesto 27 el año pasado.

A escala mundial, después de Dinamarca y Nueva Zelanda, aparecen en lo alto de la tabla de TI, por orden, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y Luxemburgo. En el vagón de cola, junto a Somalia, Sudán del Sur y Siria, se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela, Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.

Entre las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome del año pasado y se sitúa en el puesto 23 (69 puntos), mientras que China gana dos enteros (41) y avanza siete posiciones, hasta el puesto 80. Rusia, sin apenas cambios, queda en la plaza 137 (28 puntos).

España gana cuatro puntos con respecto al informe anterior, hasta los 62, y asciende a la trigésima posición desde la 41. La mejora sin embargo no le sirve para alcanzar la media europea, situada en los 66 enteros.

Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las “puertas giratorias” y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones.

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