El 17 de septiembre de 2019 el ministerio de Gobernación (Mingob), convocó a medios de comunicación a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), para que le dieran cobertura al ingreso de cinco helicópteros provenientes de Estados Unidos y que servirían para el combate al narcotráfico.

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Al acto acudió el entonces ministro de Gobernación Enrique Degenhart e integrantes de la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Este es un día muy importante para la Policía Nacional Civil en el cual se están recepcionando cinco helicópteros provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales van a servir para el fortalecimiento institucional de lucha frontal contra el narcotráfico”, dijo el vocero de la PNC, Pablo Castillo.

Castillo agregó: “Este es un plan de trabajo del ministro de Gobernación y el director de la PNC para poder utilizar estas aeronaves a través de la Subdirección General de Análisis Antinarcótica, que cuenta en este momento con el personal idóneo y capacitado para poder sobrevolar el aire guatemalteco en pro de la seguridad ciudadana (…) muy pronto los verán en al aire, al servicio de la población guatemalteca”

Los helicópteros fueron donados en el año 2013, pero en 2017 el gobierno de EE. UU. se los llevó para darle mantenimiento, por lo cual el gobierno de Guatemala se comprometió a pagarle a ese país US$20 millones —unos Q150 millones— para su reparación, de los cuales ya se desembolsaron US$15 millones durante el período de Jimmy Morales.

En septiembre de 2019 los aparatos aéreos fueron regresados a Guatemala, pero cinco meses las aeronaves permanece en los hangares de la FAG, desarmados.

El nuevo gobierno buscar agilizar su entrada en funcionamiento e incluirlo como uno de los logros de los primero 100 días, pero el tiempo es su mayor enemigo, pues para hacerlo deben cumplir varios pasos administrativos, lo cual podría ser casi imposible en ese período.

Fuentes del Mingob confiaron a Prensa Libre que hay órdenes del ministro de Gobernación, Edgar Godoy, para que los convenios y acuerdos sean agilizados, documentos que deben pasar por varias dependencias del Estados, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y la Secretaria General de la Presidencia.

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¿Por qué no pueden despegar?

En diciembre de 2018 el jefe de la Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa), Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, le notificó al entonces viceministro de Antinarcóticos, José Alfredo Olazábal Mendizabal, que los documentos legales con los cuales se permite el funcionamiento de las aeronaves vencería en mayo de 2019.

Pese a la advertencia, Olazábal Mendizábal no gestionó los documentos que eran necesarios, por lo que en la actualidad no existe el respaldo legal ni operativo para que los aparatos puedan funcionar.

Donación

En el año 2013, dirigía el país Otto Pérez Molina y era ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla —ambos en prisión, ligados a casos de corrupción—. En ese entonces el gobierno de Guatemala y EE. UU. firmaron un acuerdo para que seis aeronaves pasaran a formar parte de los activos para el combate al narcotráfico, asignados a la PNC.

El convenio, conocido como LOA, fue firmado también por el entonces embajador estadounidense Arnold Chacón.

En el acuerdo se establece que Guatemala únicamente pueden utilizar las aeronaves para lo siguiente: operaciones antinarcóticas y policiales, situaciones de emergencia, operaciones de rescate y vuelos de entrenamiento.

En el numeral 5 quedó establecido que el gobierno de Guatemala mantendrá la seguridad del equipo aéreo y el mantenimiento. Pese a ello, los helicópteros se encuentran sin uso dessu retorno al país, en septiembre de 2019.

Junto a las aeronaves también fueron entregadas ametralladoras para ser utilizadas en los aparatos y visores nocturnos para poder operarlos durante la noche.

Helicópteros con similares características forman parte de las fuerzas de seguridad pública de países como El Salvador, Colombia y Argentina. Fueron fabricados en 1,956 por EE. UU. y utilizados por primera vez para operaciones de combate en la guerra de Vietnam.

El total de todos los insumos entregados a Guatemala tenía un valor, en ese entonces, de US$11.7 millones, según el documento firmado.

De igual manera quedó establecido en el punto A del convenio la creación de la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorismo (FIAAT).

Acuerdo vencido

Para que los helicópteros puedan volar se requiere el visto bueno de varias instituciones del Estado.

El Acuerdo Gubernativo 152-2014 da vida a la FIATT y además sirve para operativizar el convenio firmado por Guatemala y EE. UU. para el funcionamiento de los helicópteros, pero se encuentra vencido.

Caducó el 15 de mayo de 2019, cinco años después de entrar en vigor de acuerdo, con lo que estableció el artículo 9 de ese documento. Las anteriores autoridades del Mingob habrían podido ampliarlo, pero no se hizo.

De acuerdo con el artículo 6 de ese acuerdo, la FIATT tiene entre sus funciones las siguientes: proveer apoyo aéreo en operaciones que permitan desarticular, erradicar y combatir las acciones del narcotráfico.

Cooperar con las fuerzas PNC en operaciones judiciales y de personal médico involucrado en operaciones policiales.

Al no tener vigencia el acuerdo 152-2014 no existe el marco legal para que la FIATT funcione, y por ende los helicópteros no puede ser utilizados.

Para que la FIATT pueda operar también existe el Acuerdo Ministerial 846-2014 que creó el reglamento de organización y funcionamiento de ese ente, el cual debe ser analizado y determinar si es necesario hacerle cambios.

De igual manera existen protocolos de aprobación y solicitud de órdenes de vuelo que están revisando las nuevas autoridades del Mingob.

El buen uso de los helicópteros es supervisado por personal de Asuntos Narcóticos y Control de Crímenes internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos INL/A.

Otros acuerdos vencidos

Prensa Libre estableció que existen varios convenios de cooperación institucional para el funcionamiento de la FIATT, firmados entre el Mingob y el ministerio de la Defensa (Mindef), pero ya han caducado.

Por ejemplo, el que determina el apoyo de personal militar a la FIATT y el préstamo instalaciones del Ejército para el resguardo de las aeronaves.

En el mismo quedó establecido que la FIATT estaría integrada por 41 personas del Mindef; 75 del Mingob y 55 de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (Sgaia).

Ese documento fue firmado el 19 de septiembre de 2014 por Manuel Augusto López Ambrocio, entonces ministro de la Defensa y Mauricio López Bonilla, titular del Mingob, pero el mismo perdió validez el 19 de septiembre de 2019.

El 28 de diciembre de 2015 se suscribió una ampliación del convenio. Esta vez fue firmado por quien era ministro de la Defensa y la entonces ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal Villagrán.

Juan Carlos De Paz, vocero del Ejército, dijo a Prensa Libre que en mayo de 2019 venció el convenio entre el Mingob y el Mindef relacionado a la FIAAT.

“En estos momentos se están llevando a cabo reuniones para suscribir otro”, resaltó De Paz.

Sin pilotos capacitados

Otro problema al que se enfrentan las nuevas autoridades es que no existen suficientes pilotos capacitados en Guatemala para volar los UH-1H-II HUEY-II.

Fuentes del Mingob consultadas por Prensa Libre resaltaron que las aeronaves al momento de entrar en servicio de nuevo tendrán que ser operadas por agentes del gobierno de Estados Unidos, mientras los pilotos guatemaltecos terminan su capacitación.

Entre mantenimiento y denuncias

En el año 2015 la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio por supuestas anomalías en la contratación de la empresa ARM Aviación, S.A.

La compañía recibió un contrato por Q196 millones 871 mil 739 bajo la modalidad de excepción, identificado con el número TR-CE-003-2014 y que tenía por objeto que se le dieran servicios técnicos, asistencia de operación y mantenimiento a los helicópteros.

En junio de 2015 la Contraloría General de Cuentas, por medio del subcontralor de Calidad del Gasto, César Elías, presento una denuncia ante la Fiscalía, debido a supuestas irregularidades en la entrega del contrato a ARM Aviación, S.A.

De acuerdo con el ente fiscalizador, el primer reparo encontrado fue la adjudicación se hizo mediante excepción, pero que en ese caso no aplica, pues había suficiente tiempo para que se abriera el concurso a más oferentes.

El contrato fue otorgado en 2014 por Unesa a esa empresa y fue firmado por Eunice Del Milagro Mendizábal Villagrán, ministra de Gobernación y por Richard Steven Callaway Ayau, representante legal y gerente general de ARM Aviación, S.A.

Del 23 de noviembre de 2014 al 22 de noviembre de 2016 esa empresa tuvo a su cargo el mantenimiento de las aeronaves.

El 12 de enero de 2017 el Mingob hizo un concurso de licitación para contratar de nuevos esos mismos servicios y, además, incluían el entrenamiento del personal.

Se dio un plazo de tres meses para que las empresas ofertaran, pero luego de varios análisis jurídicos el proceso fue declarado nulo.

Ese mismo 2017 el gobierno de EE. UU. se llevó a su país los cinco helicópteros para darles servicio, debido a que en Guatemala no se estaba haciendo y regresados en septiembre pasado.