Desde que fueron capturadas 17 personas por el supuesto fraude en la adjudicación de un contrato para tratamiento de diálisis peritoneal, trabajadores del Seguro Social indicaron que son obligados a formar parte de esas comisiones y que acceden por temor a perder su fuente de ingresos.

Por el caso están detenidas cinco enfermeras auxiliares, a quienes compañeros de labores respaldan con protestas en la vía pública y una carta enviada al gerente del IGSS, Óscar García Muñoz, en la cual solicitan que no se les obligue a participar en ningún otro evento.

Irene Flores, experta en la Ley de Contrataciones, refirió que esta práctica facilita la corrupción, pues se pueden crear eventos a dedo y manipular los procesos para beneficiar a una empresa.

“Si se han pactado contratos para todo el año, es fácil, se convoca a gente con poco conocimiento del tema —para integrar juntas de licitación—. Se ha visto que hasta conserjes son llamados, y como son temerosos por su trabajo, se les presiona”, expresó Flores.

Lo que indica la Ley

En el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que la junta de licitación “se integrará con un número de cinco miembros, nombrados por la autoridad administrativa superior… Si la entidad no cuenta con personal idóneo, podrá nombrarse a servidores públicos de otras dependencias del Estado que tengan experiencia en la materia de que se trate”.

Flores explicó que nombrar a personas inexpertas es una debilidad frecuente en todas las instituciones.

La experta considera que el problema no es la Ley, sino la capacidad de gestión, pues la mayoría de personal técnico está contratado en un renglón por el cual no se le puede llamar para integrar las comisiones.

Experiencia

Una trabajadora del IGSS que prefirió omitir su nombre contó a Prensa Libre que durante cuatro años participó en juntas de adjudicación. “Soy enfermera graduada, pero tuve que firmar en eventos de infraestructura. Como no sabíamos nada de eso, solo podíamos comparar las bases de licitación con lo que ofrecían las empresas”, expuso.

La enfermera también ha integrado dos juntas de licitación en las que ha tenido que aprobar medicamentos para enfermedades crónicas.

Álvaro González Ricci, diputado que presidió la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria del Congreso, afirmó que el artículo 11 obliga a las autoridades superiores a buscar al personal idóneo, y si las personas nombradas son obligadas, deberían denunciar y no conocer los procesos.

Luis Linares, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, opina que el caso de las cinco enfermeras es reflejo del incumplimiento a la Ley, y cree que esta debe reformarse para ser más específicos en la manera como integrar las juntas.

Más denuncias

Acción Ciudadana presentó ayer denuncias en contra del gerente García Muñoz y los subgerentes de Prestaciones en Salud, Byron Arana, y de Integridad y Transparencia Administrativa, Estela Cuéllar Hernández, por su posible implicación en la muerte de pacientes renales.