El reporte está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y no determinan conclusiones legales y califican a los países o declaran si han fracasado en el cumplimiento de las normas.

Entre los hallazgos señalados en el informe de 2015 resaltan que no hubo control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Corrupción institucional generalizada, especialmente en la policía y la justicia.

Otros problemas fueron los homicidios arbitrarios o ilegales, abuso y maltrato, duras condiciones de reclusión y peligrosas para la vida. No proteger a los funcionarios judiciales, testigos y representantes de la sociedad civil frente a la intimidación y las amenazas del gobierno.

Acá se muestran las principales violaciones a derechos humanos señaladas en el informe:

• La privación arbitraria o ilegal de la vida

  Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales de periodistas, activistas de derechos humanos, candidatos políticos y sindicalistas. Al 30 de septiembre, la PNC y su Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), acusaron a nueve agentes de la PNC de homicidio.

• Tortura y actos crueles

  Hubo informes creíbles de abuso y otros malos tratos por miembros de la PNC. El 10 de octubre las autoridades detuvieron a los agentes Carlos Pérez Baten, Rogelio Pérez Hernández, Nancy Evelia Rodríguez Alai, y César Augusto Morales Funes, acusándolos de haber torturado a cuatro sospechosos detenidos el 13 de abril.

• Cárceles y centros de detención

  Las condiciones de reclusión son duras y potencialmente mortales, con múltiples casos de reclusos que matan otros internos. No hay casos investigados o juicios llevados a cabo. El hacinamiento en las prisiones continúa siendo un problema.  Los funcionarios de prisiones continuaron reportando una pérdida de seguridad y control, incluyendo intentos de escape, peleas entre pandillas, la incapacidad para controlar el flujo de mercancías de contrabando en las prisiones, y la fabricación de armas. De enero a noviembre, al menos 37 presos murieron de causas no naturales en la cárcel.

• La policía y la seguridad

  El nivel de impunidad de las fuerzas de seguridad acusados ??de cometer delitos era alta. En los casos que implican a las fuerzas policiales, la ORP es responsable de las investigaciones internas, y el Ministerio Público es responsable de las investigaciones externas. Las autoridades detuvieron a unos 210 oficiales de policía a noviembre, en comparación con 520 en 2014.  Durante el año hubo 31 denuncias de extorsión de la policía y 856 por abuso de autoridad.

• Denegación de un juicio público justo

  El sistema judicial no pudo proporcionar juicios justos u oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción, la falta de personal, y la intimidación de jueces, fiscales y testigos. A finales de septiembre, el fiscal especial para delitos contra los trabajadores judiciales recibió 202 denuncias de amenazas o agresiones contra los trabajadores de la rama judicial, en comparación con 171 para el mismo período en 2014.

• Corrupción y la falta de transparencia en el gobierno 

  La Oficina del Contralor General y el Ministerio Público son responsables de la lucha contra la corrupción. A principios de noviembre, el Ministerio Público informó que al menos 602 funcionarios públicos fueron detenidos durante el año por la corrupción y / o abuso de autoridad.

• Discriminación, abusos sociales y trata de personas

  La violación y otros delitos sexuales siguieron siendo problemas graves. Según el Ministerio Público, había 11.449 informes de asalto sexual o físico a través de octubre. Durante el mismo período, hubo 527 condenas por asalto sexual o físico en las mujeres. 

Puede ver el informe completo aquí.