Desde que comenzó el nuevo período parlamentario se han presentado 99 iniciativas de ley, de las cuales únicamente 23 fueron designadas a comisiones de trabajo para su evaluación, lo cual ejemplifica un retraso en la labor de los diputados, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Guatemala Visible y Fíjate Bien.

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El documento también señala que durante el primer período de sesiones de este año se aprobaron 21 decretos, siete de ellos relacionados con proyectos de ley que quedaron pendientes de la legislatura anterior, y siete más vinculados con la aceptación y prórrogas de medidas de Excepción.

A criterio de investigadores sociales, esto demuestra cómo este Congreso no tiene un plan elaborado que permita definir una agenda clara para el qué hacer de las leyes del país, lo que repercute en que se aprobaran proyectos de ley de meses atrás que ni siquiera fueron evaluados a detalle por los nuevos diputados.

“Continúa el retraso en el inicio de sesiones, media hora, una hora y hasta seis horas. Las posibles razones es que no se cuenta con el quórum necesario y posiblemente necesitan contar con el respaldo adecuado para impulsar temas importantes para la Junta Directiva”, explicó la investigadora María Isabel Bonilla.

Ese contratiempo habitual dentro del hemiciclo ocasiona que no se pueda cumplir con toda la agenda que elaboraron los jefes de bloque, y por ende sigue existiendo un retraso en la actividad parlamentaria que hasta el momento no recibe ningún tipo de sanción.

Diputados sin sanciones

De 160 diputados que integran la novena legislatura, tan solo 25 asistieron a las 23 sesiones plenarias, pero hay casos particulares que llaman la atención de los investigadores, por tener asistencia a únicamente un 57% de las reuniones de pleno.

Se trata de los diputados Mario Taracena, Julio Lainfiesta, Javier Hernández, José Berreondo y Armando Melgar Padilla, este último tan solo asistió a la plenaria para ser juramentado como congresista.

Ante este tipo de faltas que no reciben ningún tipo de amonestación, los autores del informe consideran oportuno que se reforme la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para sancionar la irresponsabilidad parlamentaria.

“Los descuentos salariales serían una opción al no cumplir con el reglamento de asistencias, la Junta Directiva debe tomar cartas en el asunto de manera urgente y no dejarlos pasar”, explicó Alejandro Quinteros, integrante de las organizaciones.

El panorama será incierto para el próximo período de sesiones a consecuencia del nuevo coronavirus. Los expertos consideran que el Legislativo tendrá que priorizar proyectos de salud, educación y economía para mitigar la crisis actual.