El jurista colombiano, que acudió a un foro sobre corrupción en Copenhague, dirige desde 2013 la CICIG, pero no puede volver al país porque el presidente Jimmy Morales prohibió su ingreso “por razones de orden y seguridad” el 4 de septiembre, cuando estaba en EE. UU.
Morales había anunciado antes la decisión “irrevocable” de no renovar el mandato de la CICIG -creada por la ONU en 2007 a petición de Guatemala-, pero Velásquez cree que se puede cambiar.
Aparte de apuntar que hay elecciones generales en 2019, recuerda que el expresidente Otto Pérez Molina también aseguró en 2013 que no prolongaría el mandato, pero la presión social le hizo rectificar.
“Aquí la diferencia es que el presidente Morales ya lo ha hecho oficial mediante una comunicación al secretario general de la ONU, pero nada obstaculiza que esa decisión sea igualmente revisada”, afirma el abogado, que alude a las recomendaciones de la fiscal general y la presión de la comunidad internacional, EE. UU. incluido.
Estados Unidos, “que tradicionalmente ha respaldado la actividad de la comisión”, acaba de firmar un acuerdo con la ONU para donar 6 millones de dólares al fortalecimiento de la CICIG, resalta.
Velásquez vincula la acusación de injerencia en asuntos internos a la petición en agosto de 2017 de la Fiscalía de retirar el fuero a Morales por su posible relación con un delito de financiación anónima en su etapa como secretario general del partido FCN-Nación.
Morales invitó a la CICIG a participar en la reforma del sistema de justicia “para integrar una secretaría técnica de acompañamiento e impulso del proyecto, elaborado en discusiones en todo el país con la presencia del presidente, que acudía a esos foros”, afirma.
“El presidente entregó personalmente al Congreso ese trabajo, lo impulsó en los primeros meses. Después surgió su problema personal y olvidó cuál era su responsabilidad de jefe de Estado”, critica.
A Velásquez le “reconforta” y “entusiasma” el apoyo popular a la CICIG, plasmado en varias movilizaciones en los últimos meses, porque prueba que ha contribuido a un “cambio” en el país.
“Guatemala no es la misma que en 2014, y esa expresión ciudadana es una demostración de que hay algo diferente en el país, y es la que yo espero que logre mantener los avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción logrados en los últimos años”, dice.
Los procesos impulsados contra altos cargos, diputados y jueces confirman que “hay consecuencias por los actos ilícitos sin importar rango, posición o jerarquía”, algo “altamente significativo” en un país “en el que la impunidad era administrada por los poderosos”.
Velásquez advierte no obstante que en Guatemala hay “un 97% de probabilidades de salir impune”, cifra “objetiva” que sale de revisar hechos investigados y la cantidad de sentencias; y, sobre todo, “una gran debilidad del aparato de justicia en su conjunto”.
“Se ha demostrado que luchar contra la impunidad es posible, pero no se ha ganado”, afirma y pide al Estado reconocer la necesidad de reforzar su aparato de justicia, “no solo en nivel de independencia, sino también que se incremente su capacidad de respuesta”.
Guatemala no ha llegado a “un punto de no retorno” que impida que los avances se interrumpan o retrocedan, advierte, y cree clave el papel de funcionarios comprometidos contra la corrupción y de la ciudadanía que “despertó” en 2015.
A Velásquez no le preocupan los insultos recibidos y dice que está “acostumbrado” desde su época de magistrado de la Corte Suprema colombiana, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe montó un “complot” para involucrarlo en un caso de manipulación de testigos.
“No son comentarios agradables, pero no me generan inquietud o zozobra. Me han tratado de manipulador de testigos, comunista, guerrillero, paramilitar… Es la forma en que quienes han tenido el control de la impunidad en nuestros países buscan defenderse”, dice.
Velásquez, y la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana, recibirán en un mes en Estocolmo el prestigioso Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood, un galardón que él valora por la importancia del premio y el reconocimiento a un trabajo colectivo.
“Signifca el respaldo a una lucha que hemos liderado, pero no es nuestra, es la lucha del pueblo guatemalteco”, afirma.
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