El consenso para firmar el nuevo pacto colectivo se efectuó sin presencia de las autoridades del Ministerio de Finanzas, lo que podría hacer ilegítimo el acuerdo.

 Según el artículo 94 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, “Negociaciones de condiciones de trabajo entre entidades del Estado y organizaciones sindicales y de trabajadores”,  todos los acuerdos de esta índole deben cumplir con las normativas  de Servicio Civil,  de Contrataciones del Estado y  de Salarios, entre otras.

La citada ley indica  textualmente que se “tomarán en consideración las condiciones financieras del Estado, proporcionada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), y establecerán el impacto de las nuevas condiciones laborales acordadas sobre las finanzas públicas”.

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Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que el Minfin debe acompañar la negociación de los pactos colectivos, para cumplir con su función, como establece la Ley de Presupuesto. En ese sentido, esa dependencia tiene la responsabilidad de rendir un informe sobre los costos que   genere  el cumplimiento de los convenios alcanzados.

“Para que este pacto pueda ser viable, debe  identificársele una fuente de financiamiento. Si esto no ocurre y se suscribiera el acuerdo, este sería ilegal”, afirmó Barrientos.

“El presidente de la República habría cometido un error al llegar a un acuerdo sin saber de dónde se va a financiar”, resaltó.

 “El ministro de Educación ha cometido un error al mantener oculto el pacto”, advirtió el economista.

Según se sabe, el nuevo pacto colectivo incluiría un incremento del 5 por ciento para los maestros y personal administrativo  este año, además de un bono de Q2 mil 500 y el incremento escalonado para los profesores que posean título universitario. Este compromiso implicaría un desembolso de  al menos Q1 mil millones.

Solo se aumenta el sueldo

Si se llegara a firmar el pacto colectivo con el sindicato mayoritario de Educación, se convertiría en el tercero de esta índole que se haya suscrito.

El último pacto  se concretó en enero del 2013 y fue  firmado por la entonces ministra de Educación Cynthia del Águila y el   presidente  Otto Pérez Molina. En este se acordó un incremento salarial de 30 por ciento para los 162 mil 718 empleados del Mineduc, el cual se entregaría   en forma escalonada  durante los siguientes tres años.

Lo que se cuestiona es que en  rubros como  inversión en los programas de apoyo a la educación —refacción escolar, gratuidad, útiles escolares y valija didáctica— no  ha  habido  aumento a un ritmo tan acelerado como el sueldo a los empleados del Mineduc.

Desde la creación de los programas de apoyo, en 2011, durante el gobierno de Álvaro Colom, la inversión por estudiantes y maestros  ha permanecido prácticamente igual. La gratuidad ha representado un gasto  de Q40 anuales por niño inscrito, cantidad que también se destina para el mantenimiento de las instalaciones escolares. También continúa la entrega de Q52.5   para que los niños puedan contar con cuadernos y lápices.

 La valija didáctica, que incluye  insumos para que los maestros puedan impartir   clases adecuadamente, ha permanecido en Q220 por docente.

Esto revela que de 2011 a 2017 el rubro de remuneraciones pasó de Q5 mil millones 972 mil a Q10 mil millones 820 mil, lo que muestra un incremento del 45% en un lapso de seis años.

Los incrementos salariales en el Mineduc   contrastan con el nulo crecimiento en los programas de apoyo. Del 2013 al 2017, lo presupuestado para la cuota de gratuidad del programa de primaria tuvo un crecimiento de un 13%, mientras que  la valija didáctica para ese mismo periodo y nivel educativo se redujo  en un 4%.

  El nuevo pacto colectivo se acordó entre Morales y el STEG, pese  a un déficit de más de Q500 millones para cumplir con el programa de refacción escolar. Según cálculos del ministro de Educación, Óscar Hugo López, podrían quedarse sin financiamiento para este programa a mediados del año.