Política

Jimmy Morales promete “finalizar todo” al concluir su mandato

Por lo menos cinco grandes eventos están todavía pendientes de finalizarse de parte del gobierno actual, que asegura que estos se concluirán pese a que solo quedan tres meses de gestión.

El proceso de transicion comenzó de manera pública el 1 de octubre. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

El proceso de transicion comenzó de manera pública el 1 de octubre. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

Terminar el censo de población 2018, el censo de empleados públicos, efectuar la consulta comunitaria por el caso de la Mina San Rafael, poner en marcha el plan migratorio firmado con EE. UU. y concluir el Libramiento de Chimaltenango son actividades que aún no termina la actual administración.

Pese a que solo restan 108 días a la gestión de Jimmy Morales, el mandatario aseguró a Prensa Libre que finalizará con los cuatro proyectos pendientes: “Todo se terminará al finalizar mi mandato”, indicó.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, reiteró lo dicho por Morales y afirmó que “nada quedará pendiente de lo que me mencionó”, en relación con estos temas.

Sin embargo, el tiempo es un factor en contra para la actual administración debido a los aspectos técnicos que deben cumplirse, aseguró la exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia Karin Slowing.

La exfuncionaria hace una comparación entre “dejar terminadas las cosas y hacerlas con calidad”.

Con relación a la consulta comunitaria, Slowing considera que podría efectuarse, pero sin las calidades que se requieren, es decir sin discusión y bien planteada.

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En el caso del censo de población, considera la exsecretaria, los tiempos técnicos pueden no permitirán que se concluya en tres meses.

“El mayor riesgo es que se hagan cosas a rajatabla y que el nuevo gobierno va a tener que enmendar la plana, eso va a crear desgaste político al presidente electo y su equipo, además de perder el tiempo”, resaltó la exfuncionaria.

Analiza los proyectos

El presidente electo, Alejandro Giammattei, afirmó que es necesario que los funcionarios de Morales “muestren decencia en los últimos meses y no traten de hacer en tres meses lo que en cuatro años fueron incapaces de hacer”.

En declaraciones de este 3 de octubre, el mandatario electo dijo que se han detectado gastos excesivos de parte del Ejecutivo, los cuales merecen su preocupación, por lo que en el proceso de transición también se incluirá a la Contraloría General de Cuentas.

Giammattei recordó que el censo de empleados públicos fue un ofrecimiento de Morales en su primer año de gobierno. “Ya vamos para el cuarto año y no ha terminado, tengo entendido que está detenido porque en el Ministerio de Gobernación no permitieron hacerlo”, señaló.

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El próximo Presidente dijo que será su administración la que finalice con este proyecto cuyo financiamiento, hasta donde se les ha explicado, es un donativo.

Respecto a la consulta comunitaria por la Mina San Rafael, Giammattei dijo que se trabaja sobre el reglamento al Convenio 169 debido a que no está definido quién lo debe hacer o cómo. “Lo estamos trabajando y esperaría contar con la valiosa colaboración de la Corte de Constitucionalidad que nos permita sacar un reglamento temporal en bien de la gobernabilidad del país”.

Del libramiento de Chimaltenango, Giammattei ha afirmado que la obra es urgente y necesaria, por lo que solicitó a la empresa que cumpla con sus obligaciones.

Además, el mandatario electo se volvió a quejar de que el Ejecutivo no informa sobre el plan de implementación del acuerdo migratorio con EE. UU. por lo que ya se le informó al embajador de ese país en Guatemala, Luis Arrega, “que mientras no sepamos del acuerdo seguimos en que la revocatoria es lo que más le conviene al país”.

Sobre el censo de población del 2018, Giammattei indicó que “lo tienen que dejar finalizado” pues considera antitécnico “que se tarden años” en dar los resultados de un censo. “Ya vamos a llegar al INE (Instituto Nacional de Estadística) y vamos a evaluar el porqué del retraso en la presentación de los resultados”, indicó.

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Los proyectos

  • Censo de empleados públicos

Conocer cuántos trabajadores tiene el Estado fue una promesa de Jimmy Morales durante su primer año de gobierno; sin embargo, a pocos meses de finalizar su gestión aún no se han entregado los resultados, aunque la previsión oficial es que esto se haga en noviembre.

Al comienzo de su gestión, Morales dijo que ese censo serviría para suprimir puestos innecesarios y eliminar plazas fantasmas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó en el 2018, durante el tercer año de gobierno, que todos los esfuerzos estaban concentrados en el censo de población, por lo que no se podía abordar el tema hasta después del 16 de agosto de ese año.

En entrevistas previas, el gerente del INE, Mauricio Guerra, informó que la primera fase de las entrevistas a los empleados del Ejecutivo se efectuó en el Oriente del país, en 70 instituciones gubernamentales, donde se recolectaron datos de 47 mil trabajadores.

La segunda etapa, informó Guerra, se efectuaría durante septiembre, para después hacer los análisis de información y presentar los resultados finales un mes antes del fin de año.

En agosto de este año, el ministro de Economía, Acisclo Valladares, negó que la cartera de Gobernación se haya negado a dar información de sus trabajadores, para esa fecha, se estaba en la tercera fase de ese censo, aseguró.

  • Censo de población

Aunque hubo una presentación oficial en el Teatro Nacional, el censo de población del 2018 todavía no se ha finalizado pues es necesario hacer un proceso de conciliación para determinar la población en el país. La información oficial es que todos los datos finales se darán a conocer en diciembre de este año.

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Las entrevistas a la población se efectuaron en el 2018, pero los resultados de ese censo fueron hechos públicos el 17 de septiembre de este año y se determinó que se censó a 14.9 millones de guatemaltecos, de los cuales el 48.5 por ciento son hombres y 51.5 por ciento son mujeres

Después de la presentación de resultados hubo muchas críticas debido a que el Registro Nacional de las Personas (Renap) reportaba, a septiembre de este año, a 20 millones 247 mil 815 guatemaltecos, de los cuales el 50.10 por ciento son hombres y el 49.90 por ciento, mujeres.

Además, las proyecciones de población del INE, basadas en el censo del 2002, indicaban que en el país habría unos 17 millones de personas.

Los mapeos y solicitud de permisos se comenzaron a gestionar en octubre del 2016. Además, también se solicitó incluir una partida de Q249.7 millones en el presupuesto del 2017 para efectuar el conteo de la población.

  • Consulta comunitaria

Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) estableció que la Mina San Rafael puede efectuar operaciones en Guatemala una vez se realice la consulta comunitaria a los pueblos indígenas que habitan en el área donde se ubica. Según el dictamen, esta consulta no se hizo antes de otorgar las licencias de operación.

Sin embargo, aunque la sentencia se efectuó en el 2018, el proceso no se ha podido concretar debido a diferencias en la fase de la preconsulta.

Según el Ministerio de Energía y Minas no se efectúo la consulta comunitaria previo a otorgar las licencias debido a que el Renap y el INE no determinaron la presencia de personas xincas en el área del proyecto.

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La CC requirió, para esa consulta, la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los ministerios de Cultura, Energía y Minas, Ambiente, la Comisión Presidencial de Diálogo, la empresa, la municipalidad de la localidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, universidades y las comunidades que se señalan como afectadas.

Además, esta tendrá un costo aproximado de Q 2.3 millones, según informó en enero de este año el ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

Las operaciones de la empresa quedaron suspendidas en julio del 2017, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social. En octubre de ese año, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana presentó un recurso ante la CC con el que buscaba revertir lo ordenado por la CSJ y en febrero del 2018 un grupo de trabajadores de la minera hizo lo mismo con la intención de resolver en definitiva la situación.

La resolución de la CC llegó finalmente en septiembre del 2018, cuando los magistrados confirmaron la suspensión de las licencias y ordenaron efectuar la consulta.

  • Libramiento de Chimaltenango

A seis meses de que se habilitó el paso por el Libramiento de Chimaltenango varios derrumbes en el kilómetro 60.5 obligaron a cerrarlo.

El Ejecutivo asegura que la obra no está finalizada, que no se ha recibido y tampoco inaugurado, por lo que tampoco implica un gasto adicional para el Estado el hecho de que la empresa encargada, Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), haga los trabajos de limpieza en el sector.

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Esta obra fue reconocida por el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, como “sin precedentes en Centroamérica” e incluso comparó al presidente Jimmy Morales con Jorge Ubico al indicar que durante en la gestión del militar se construyó el Palacio Nacional de la Cultura y durante la administración de Morales se está construyendo el libramiento de Chimaltenango.

La obra costó cerca de Q600 millones. La adjudicación original fue para Conasa por Q451 millones, pero el costo final se incrementó en Q139 millones por los retrasos que enfrentó el proyecto. El último tramo de 2.5 kilómetros fue adjudicado a la empresa Renova Ingenieros S.A.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Anticorrupción efectuó una inspección ocular y documentó con fotografías el proyecto para comenzar con una investigación de oficio por posibles irregularidades en el proceso de contratación y ejecución.

  • Acuerdo migratorio

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó el 26 de julio de este año un acuerdo migratorio con EE. UU. en el que el país se convierte en receptor de población migrante que solicita asilo en aquel país.

Dicho acuerdo, reconocido por EE. UU., como de “tercer país seguro”, obligaría a Guatemala a proveer a estos migrantes, hondureños y salvadoreños, de salud, educación, trabajo, vivienda y derecho a la reunificación familiar, situación que fue criticada por la población. A cambio, el país recibiría visas temporales de trabajo para el sector agrícola.

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El acuerdo todavía no se ha implementado, pese a que el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin McAleenan, afirmó que era urgente que entrara en vigencia en agosto.

El Ejecutivo dijo que analizaba si este acuerdo debía ser conocido o no por el Congreso, luego de que la CC emitiera una resolución que indica que cualquier documento que modifique leyes en el país debe ser analizado por el Legislativo.

La presidencia también interpuso una revocatoria ante este dictamen y aseguró durante varias semanas que no se podía continuar con el proceso hasta que la Corte resolviera al respecto, pero, luego de que la CC revocara el amparo provisional, el 10 de septiembre, el Ejecutivo continúa sin avanzar.

Según el presidente Jimmy Morales, este acuerdo no requiere aprobación del Congreso y actualmente se espera que finalice un proceso de análisis de parte de EE. UU. para comenzar con la implementación.

El presidente electo, Alejandro Giammattei, continúa quejándose de que el Ejecutivo no informa sobre dicho acuerdo, por lo que podría ocurrir que al tomar posesión del poder lo revoque.

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