El caso refiere que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSP) pagó aquella cantidad a Hiemann entre 2016 y 2017 para ser vocero presidencial y enlace con los medios de comunicación.

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El subcontralor del Gasto, César Elías, confirmó vía telefónica la demanda contra el funcionario, y detalló que el caso fue presentado ante un Juzgado de Cuentas 4 de junio.

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Aunque Brito presentó sus pruebas de descargo, como detalla el informe de la auditoría, la CGC planteó la denuncia. Para los auditores, no se justifica la contratación del vocero presidencial, puesto que debe ejercer el jefe de la SCSP.

Elías espera que el juzgado los cite para una audiencia en la que la Contraloría deberá presentar las pruebas contra Brito.

La Contraloría recomendó a la Secretaría de Comunicación separar del cargo a Hiemann mientras se resuelve el caso en el juzgado.

Comentario de los auditores

La CGC subraya el hallazgo contra Brito porque, en su oficio que envió a los contralores, confirma que dentro de las funciones administrativas que le corresponden al secretario de Comunicación Social de la Presidencia se encuentra “fungir como portavoz del presidente de la República”, según el Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo.

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Al ser consultado, Brito dijo que podrá dilucidar la demanda de la Contraloría.

“Considero que los argumentos de la CGC no son correctos, creo que es una decisión equivocada pero será en el tribunal donde lo dilucidemos”, aseveró.

Brito dijo que le llamaba la atención que en ninguna de las administraciones de Gobierno pasadas la Contraloría haya señalado la contratación de un portavoz como un proceso administrativo incorrecto. Señaló que aún se analiza rescindir el contrato del vocero presidencial.

Partes de un contrato de Hiemann

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