La aprobación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), en noviembre pasado, autorizan a la IVE para auditar a empresas privadas que administrarán recursos públicos para ejecutar proyectos estatales.

En el artículo 1 de las reformas ratificadas por el Congreso en el decreto 9-2015, se establece que la Ley tiene por objeto normar las contrataciones y arrendamientos que hagan las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos aportes del Estado.

Fiscalización

Ayer, el superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, informó que debido a la reciente aprobación de las modificaciones a la Ley, se crea un sistema de auditoría para contratistas estatales. El método es similar a la fiscalización que se practica a las personas expuestas políticamente (PEP).

“Estamos creando una instancia que se llama CPE —Contratista y Proveedor del Estado—. La Ley entró en vigencia el jueves de la semana pasada y se le va a dar un control similar a quienes tengan contratos arriba de Q900 mil por arrendamientos y realización de obras”, explicó.

Arévalo indicó que se empezarán a modificar los sistemas de auditoría y se incluirá a los CPE. “Se deben adaptar los sistemas y entrarán en vigencia hasta el 4 de abril del 2016”, afirmó.

El objetivo de fiscalizar las cuentas bancarias de las empresas privadas es evitar corrupción a través del lavado de dinero.

“A una PEP, cuando ha tenido que abrir una cuenta en un banco, le deben preguntar si es PEP. Entonces, en la agencia bancaria entra a funcionar un control diferente, en una base de datos separada y seguimiento estricto —se audita a dos mil PEP—”, manifestó el superintendente de Bancos.

Transacciones

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, opina que los nuevos controles permitirán rastrear el destino de los recursos del Estado.

“Los contratistas se ponen de acuerdo con la empresa B o C y tienen un patrón. Los controles determinarán quién en realidad se queda con el dinero”, expuso Lavarreda.

Respecto de los proveedores del Estado, el portal Guatecompras establece que 20 mil de ellos tienen adjudicaciones, mientras que con contratos abiertos existen 91 mil y 32 mil están inhabilitados.