El pasado 30 de octubre los diputados Eva Monte, Delia Bac, Karla Martinez, Dolores Beltrán y Estuardo Galdámez, presentaron la iniciativa de ley para penalizar las críticas a políticos, pero días después anunciaron que tenía algunos errores a enmendar y analizaban retirarla de Dirección Legislativa. 
 

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La iniciativa creaba el delito de acoso político y violencia política, con penas que iban desde los dos años de prisión hasta los cinco. Además, se contemplaban multas de hasta Q20 mil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera temporal. 

Cambio

Este viernes el diputado  Galdámez explicó las nuevas intenciones para modifciar su propuesta original.

“Se buscaría hacer esa ley más drástica, así es que todos aquellos que escriben en redes sociales identificados con una máscara, con un nombre ficticio o apodo serían perseguidos por el Ministerio Público (MP)”, señaló el legislador.
 
El congresista comparó que la iniciativa sería similar en forma a la Ley de Pánico Financiero: “Si alguien inicia una campaña de desprestigio en contra de una institución bancaria, con el ánimo de que quiebre, el MP lo puede ubicar y atrapar, algo así sería la iniciativa de pánico social”, explicó Galdámez.
 
El diputado oficialista señaló que el cambió iría en función de castigar a toda aquella persona “que utilice cualquier medio o modo —particularmente digital— y atente contra la honorabilidad de las personas sin fundamento alguno”.

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El congresista señaló que el cambio también iría en función de castigar a aquellas personas que tienen la capacidad de contratar a otras para que ataquen de forma sistemática en plataformas virtuales a las personas, creando así campañas negras en su contra.
 
“Son acciones donde se difama, se calumnia, se desacredita ante su familia y la sociedad. Actos que incluso podrían hacer que la persona quiebre de forma económica y en su honorabilidad, y la pregunta es: ¿Quién castiga eso?”, agregó.
 
El diputado distrital de Quiché amplió que la intención no es ser intolerante a la crítica, por el contrario, está a favor de esto, incluso, considera que el político o funcionario que es corrupto merece ser separado de la función pública.

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“En lo que no estoy de acuerdo es que en los guatemaltecos entren en una discordia y en una posición encontrada a través de mentiras, injuria y sin bases para hacerlo. Las persona tienen honorabilidad y no vale que se manche de forma injusta”, señaló el legislador.
 
Galdámez explicó que estos cambios no sería a través de una nueva iniciativa de ley, sino que se dejará que la iniciativa que crea los delitos de acoso y violencia política llegue a alguna comisión y se le hagan enmiendas para cambiar su contenido.
 

Propuesta original 

Se proponía crear el delito de acoso político con el cual cualquiera que realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad será sancionado con prisión de dos  a tres años.
 
Además, se imponga una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y que si fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, además de la sanción, al particular se impondrá a la empresa una multa de dos Q1 mil a Q10 mil  y si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.
 
El segundo artículo crearía el delito de violencia política, que señala que quien realicen una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

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Para este delito también se contempla una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y si este fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa esta recibirá una multa de Q5 mil a Q20 mil y si hay reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.

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