A la cabeza de las instituciones que más emplean este mecanismo se encuentran los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones, los cuales reúnen el 33.87 por ciento del gasto citado.

La compra directa se establece en el artículo 43 de la Ley de Compras y Contrataciones como “la contratación que se efectúe en un solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta Q90 mil”.

El presidente Otto Pérez Molina afirmó que el 29 de agosto último se dieron lineamientos para comenzar a corregir estos procesos que en su primer año, por la urgencia o “por falta de experiencia, pudieron darse en compras directas y por excepción”.

El mandatario aseguró que esperan que el próximo año, al terminar de asignarse los equipos responsables, “tendrá que hacer todo de la mejor manera, transparente”.

Fragmentación

El incremento de las compras directas en dependencias del Ejecutivo y también municipalidades obedece, según Mayra Palencia, experta en gerencia pública, a “la fragmentación que se hace de las adquisiciones, ya que si no se hiciera así, se tendría que licitar”. Además, ve que de esta manera es más fácil favorecer a determinados proveedores, que en una competencia abierta de calidad y precio.

Por otra parte, hay un componente de deficientes procesos de planificación en las instituciones del Estado. “Toda adquisición que puede realizarse bajo compra directa puede realizarse en licitación o en contratos abiertos, siempre y cuando haya un plan claro”, destacó Palencia, ya que estos procesos son más lentos. “Una licitación por muy buena que sea no se va a ejecutar en un tiempo menor de cien días”, afirmó.

Guatecompras

En el Ministerio de Salud, según datos del portal Guatecompras, se han adjudicado tres mil 967 concursos de compra directa. Solo en 19 casos se produjo una ausencia total de ofertas.

En este renglón figuran desde pagos por servicios profesionales, a menudo no especificados, hasta compras de medicamentos.

Compras dudosas

El mismo portal de Guatecompras revela inconformidades de empresas proveedoras.

Por ejemplo, tres compañías farmacéuticas presentaron inconformidades por el evento 2234106, para la compra de 17 mil 200 unidades de medicamentos, debido a que ya figuraban en un contrato abierto.

La presentación de ofertas en este caso estaba programada para abrirse a las 3.30 horas y cerrarse a las 4 horas. Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, señaló que tales prácticas son comunes en los casos de colusión entre vendedores y compradores, para favorecer a un proveedor.

Además, los pedidos fraccionados para una misma dependencia son otra estrategia para burlar el límite de Q90 marcado por la ley, enfatizó Marroquín.

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, encargada de la protección del presidente, reporta este año compras de alimentos por Q3 millones 791 mil 218, en 88 eventos diferentes, a la compañía Importadora La Costeña, S. A.

Por si fuera poco, la patente de comercio de esa empresa, No. 31635, reporta como giro autorizada la compra de materias primas relacionadas “con aparatos eléctricos, telefónicos y de computo”.

Al llamar al teléfono de esta empresa, los empleados pidieron tiempo para consultar sobre los servicios que presta, pero luego desconectaron el teléfono.

Personal

Mediante la modalidad de compra directa también se pagan servicios profesionales. En la Dirección General del Diario de Centro América figuran los contratos de Karla Isabel Solis Véliz y Ana Lucrecia Marchena Flores, quienes según el director, Gustavo Soberanis, laboran como diagramadora y reportera de investigación, respectivamente.

Solís recibió bajo el mecanismo de compra por excepción dos contratos, uno por Q126 mil, y otro por Q80 mil, que figura como compra directa en el Ministerio de Comunicaciones por una evaluación de impacto y mantenimiento “de plantas de tratamiento de agua” en el asentamiento Los Cerritos, zona 18.

Marchena tiene un pago por Q80 mil del Ministerio de Comunicaciones y Q90 mil, entre dos contratos con el Diario de Centro América.