Esto significa, interpreta el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso y expresidente de la sala de Transparencia, que comprometieron deuda amparándose en normas de presupuesto inexistentes como las del 2015 y 2016.
La reforma establece para los funcionarios que incurran en esa violación sanciones con el pago del monto total del compromiso o saldo que exceda el límite de los egresos.
A futuro
Entre los contratos prolongados del 1 de septiembre del 2013 al 31 de diciembre del 2015, por Q980 mil —Q35 mil mensuales—, está un inmueble destinado a los grupos musicales de la Policía.
El exministro Carlos Menocal recordó que en la administración anterior el Combo de la Policía Nacional (PNC) tenía su sede en el club de oficiales de esa institución; la marimba del Ministerio de Gobernación y el mariachi, por ser un conjunto pequeño, no tenían oficina específica.
En el contrato 57-2013, suscrito con Amardi, Sociedad Anónima, se cita la partida presupuestaria de 2013 como origen de los fondos “o la que en el futuro corresponda”. En forma similar están redactados los arrendamientos de otros inmuebles que exceden el plazo del 2013.
Se especifica que el pago será en forma mensual, y de acuerdo con abogados consultados, un contrato de esta naturaleza genera adeudo, al reconocer la existencia de un deudor y un plazo.
Inmuebles
El arrendamiento del inmueble de la Dirección de Planificación, en la 13 calle y 9a. avenida, que dura hasta el 31 de julio de 2016, costará Q1 millón 400 mil, a razón de Q40 mil mensuales.
El contrato fue suscrito con Rodolfo Iten Moino, según aparece en el registro de Guatecompras.
El alquiler de las instalaciones del Plan Cuadrante, según el contrato 40-2013, que vence en diciembre del 2015, costarán Q780 mil. El arrendatario es Inversiones Ipejal, de Luis Enrique Mota Clavería. La empresa fue constituida el 12 de octubre del 2012, y recibió su primer y único contrato en mayo de este año.
La directora del Departamento Jurídico de la Contraloría General de Cuentas, Layla Lemus, dijo que las contrataciones de arrendamiento por excepción están reguladas en la Ley de Contrataciones.
Al preguntársele sobre si firmar un contrato hasta 2016 estaba dentro del marco legal, Edwin Martínez Cameros, director técnico de Presupuesto, explicó: “No es un asunto jurídico, es presupuestario”.
Sin especificaciones
La ley establece la celebración de contratos multianuales, dijo el analista económico Ricardo Barrientos.
Sin embargo, para Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), hay otras preguntas que responder más allá del marco legal. “¿Es un precio justo? ¿El precio del mercado de alquiler es congruente con su ubicación? ¿Llenan las necesidades las instalaciones?”, enumera.
Se intentó calcular si el precio estaba de acuerdo con la ubicación y el tamaño de las instalaciones, pero los contratos no especifican cuántos metros cuadrados tienen las propiedades.
En los documentos legales se aclara que todas las remodelaciones corren por cuenta del Ministerio de Gobernación.
En ocasiones los inmuebles no se adaptan a los requerimientos, como ocurrió con un hotel que sirvió como sede de la Academia de la Policía en Huehuetenango.
Una fuente que pidió no ser citada refirió cómo durante varios meses los aspirantes a policía debieron ser organizados por grupos para usar el comedor.
Se estipulaba un promedio de siete a 10 minutos —desde que se le servía al primero del grupo— para que todos comieran y desalojaran el área.
Carencias
El salón de fiestas de la PNC era utilizado como sala de charlas. En ocasiones hasta cuatro capacitadores sobre diferentes temas atendían a igual número de grupos simultáneamente.
El miércoles recién pasado, de seis mil 830 agentes graduados en esta administración, egresaron mil 470 que ni siquiera cuentan con arma. “¿Dónde serán colocados cuando sean asignados a sus servicios? ¿Tendrán las condiciones apropiadas?, inquiere Escobar.
