El primer punto que presentó el abogado “es que la solicitud de retiro de inmunidad en contra del mandatario es político”.

Borrayo indicó que el antejuicio fue impulsado por la exfiscal del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y resaltó que la exfiscal tiene aspiraciones políticas y el segundo tenía la pretensión de que se renovara el mandato de Cicig y continuar como comisionado en el país.

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Borrayo también señaló que la investigación que realizó el MP tuvo poco tiempo para ser analizada y se benefició a una persona con criterio de oportunidad, alguien que, según su criterio, no procedía, porque los beneficios de colaboración eficaz solo se aplican a personas que participan en el crimen organizado.

En este aspecto, señaló Borrayo, el MP tuvo una persecución selectiva, pues el caso es por financiamiento para pago de fiscales electorales y hay personas que aportaron dinero y no están ligados al proceso.

El representante de Jimmy Morales también señaló que, previo a la presentación del antejuicio, Aldana y Velásquez hicieron presión para que se hiciera, incluso con una acusación falsa. 

Borrayo se refirió  a la denuncia que el excanciller Édgar Gutiérrez hizo en contra del presidente por supuestas violaciones sexuales, lo que calificó como un ataque para quitarle la credibilidad al presidente.

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El abogado aseguró que estos son elementos suficientes para considerar que la solicitud de antejuicio es de carácter político.

Más argumentos

Otro punto que defendió el abogado de Morales es que el antejuicio es espurio y falso, y señaló que para eso primero “hay que preguntarse qué cuerpo ilegal de seguridad o aparato clandestino está presente en la investigación, porque son las competencias de la Cicig”.

El abogado se concentró en intentar explicar por qué la participación de la Cicig dentro de la solicitud de antejuicio en contra del presidente era ilegitima.

Además, afirmó que el caso está basado en la Ley Electoral, la cual a su criterio no tipifica delitos y penas, por lo cual está mal planteado.

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La defensa de Morales ante la pesquisiodra se centró en que el mandatario no tuvo participación en los hechos que se le imputan, porque el mandatario “le dijo a los empresarios que no quería dinero”.

Por último, señaló que hay una doble persecución en contra del presidente, porque la solicitud de antejuicio de este año es muy parecida a la del 2017, y porque el Tribunal Supremo Electoral ya sancionó al partido por esos errores en la declaración de financiamiento.

Durante la presentación que hizo el representante del presidente acudieron al salón el jefe de la bancada oficialista Javier Hernández Franco, lo acompañó el diputado Juan Manuel Giordano, ambos congresistas escucharon al abogado y se retiraron sin dar declaraciones.

Agilizan informe

Despúes de la exposición del abogado de Morales, ningún diputado pesquisidor tomó la palabra para ampliar algún tema, a diferencia de las otras audiencias públicas donde participaron los representantes del MP, Cicig y Tribunal Supremo Electoral, donde la interrupción no permitía la exposición de los argumentos de los citados.

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El diputado Rudy Pereira, uno de los cinco pesquisidores, señaló que ya tenía los elementos suficientes para comenzar a hacer el análisis y elaborar el informe circunstanciado.

Esta idea fue secundada por el diputado Fidel Reyes Lee y el presidente de la Comisión Luis Fernando Montenegro, quien propuso que el próximo lunes se decida si se presenta antes del 25 de octubre el informe al Pleno.

Óscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales, fue consultado sobre lo que el abogado representante del mandatario señaló durante la audiencia pública.

El fiscal explicó que no tuvo tiempo de escuchar los argumentos que el abogado expuso a la comisión y que no se podía pronunciar al respecto.

Schaad se limitó a decir que si no se tuvieran los indicios suficientes que los hicieran dudar no se hubiera presentado la solicitud de antejuicio.

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