Además, el 4 de septiembre del 2012, la Fiscalía de Delitos Administrativos pidió la desestimación de la denuncia penal que presentó la CGC el 28 de noviembre del 2011, por Q9 mil millones, relacionada con la deuda flotante de la Dirección General de Caminos.
En la resolución se puede leer: “El MP no puede proceder en virtud de que la denuncia presentada carece de información clara y específica para poder llevar a cabo una investigación objetiva”.
El 21 de septiembre pasado, la CGC se opuso al fallo y elevó las actuaciones al juez décimo de Instancia Penal, Wálter Villatoro, quien el 31 de enero del 2013 aprobó el desistimiento, aunque ordena al MP que se siga con la investigación.
Contra exministros
Ambas querellas denunciaban a varios exministros, exviceministros de Comunicaciones y exdirectores tanto de Covial como de Caminos, de 1999 al 2011, quienes obtuvieron esa deuda sin contar con un renglón presupuestario.
Ninguno de los casos que se ha desestimado está del todo cerrado, pues se pueden reabrir por parte de la entidad investigadora, debido a que aún no tienen clausura de la persecución penal.
Con el objetivo de encontrar una solución a la deuda flotante el 9 de marzo del 2012, la fiscal general, Claudia Paz y Paz; la contralora general de Cuentas, Nora Segura; y el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, firmaron un convenio que a la fecha no se ha podido ejecutar por falta de acciones.
