El ministro de Comunicaciones, Aldo García, informó en conferencia de prensa que la compañía brasileña Odebrecht, señalada en el caso de mayor corrupción por sobornos en Latinoamérica, no firmará un desistimiento por la construcción de un tramo carretero de 97 kilómetros, cuyas obras están paralizadas desde el 2016.

Con el desistimiento se pretendía que la constructora renunciara a futuras acciones sobre el tramo no trabajado de la ruta CA-2 occidente, como parte del contrato de ampliación a cuatro carriles de un tramo de 140 kilómetros en la Costa Sur.

Con la falta de esa firma persiste el riesgo de que el Estado de Guatemala sea demandado por la compañía, ya que existe un contrato sobre dicha ampliación, lo que significa que “el Ministerio de Comunicaciones (CIV) no puede tocar ni un agujero de este tramo”, que cada día se deteriora más. 

Los argumentos de Odebrecht para negarse a firmar son que esa compañía “prefiere esperar” las conclusiones de la investigación sobre los implicados en sobornos en el país, dijo el ministro.

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Prensa Libre informó la semana pasada que dirigentes de Comunicaciones se reunirían con directivos de Odebrecht, que en un primer momento habían expresado su disposición a firmar el desistimiento, necesario para poder proceder con la reparación de esa carretera. 

El próximo 26 de enero el CIV recibiría las ofertas de Odebrecht para retomar las obras, pero debido a la negación de la compañía a firmar fue aplazada la fecha de recepción para el 23 de febrero. 

Recientemente, Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, explicó que la idea es que el contrato con Odebrecht siga vigente porque hay procesos penales y no es posible rescindir de manera formal.

“El tramo queda vigente en el sentido de que no pueden recibir y liquidar mientras el proceso penal esté en desarrollo; lleva un tiempo mayor”, señaló Mencos.

García dijo el año pasado que, según cálculos, Odebrecht devolvería no menos de US$40 millones —unos Q312 millones— en concepto de trabajo pagado pero no ejecutado.