Una de las consecuencias más penosas desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información, hace un año, ha sido la denuncia de casos de amenazas de muerte a personas que han solicitado información sobre contratos, gastos y sueldos, sobre todo en las municipalidades.

La prueba de que la cultura de la opacidad pervive es que el aniversario de esta normativa dejó 12 meses de intentos de ocultar información, en especial aquella que es clave para revelar el manejo de los fondos públicos.

Los casos ocurridos en las municipalidades de Concepción, Sololá, y Chicacao, Suchitepéquez, documentados y recibidos por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana (AC), son ejemplos de la violencia desatada por el deseo de auditoría social.

En el primer caso, dos líderes de la comunidad murieron el 2 de noviembre del 2009, y los investigadores del Estado lo asocian con que las víctimas solicitaron información y querían denunciar malversaciones en la comuna.

En el otro, un ciudadano fue víctima de un breve plagio y recibió amenazas de muerte por haber solicitado información que revelaba que el alcalde de Chicacao había otorgado cargos de la municipalidad a sus familiares.

La diputada Nineth Montenegro también fue informada de un plan para matarla después de haber emprendido una batalla legal por obtener los números de cédula de los beneficiaros del programa Mi Familia Progresa.

La diputada Rosa María de Frade, ponente de la Ley, manifestó su preocupación por este tipo de situaciones: “Las amenazas, la intimidación de personas que solicitan información es una situación gravísima. Conozco casos de Izabal y Huehuetenango”.

Opacidad y reservas

Estos son los casos extremos, pero hay otras denuncias por negativas de entregar la información, por ausencia de respuesta, por pedir demasiados requisitos para hacer entrega de esta o por mal uso de datos privados.

En su primer año, la normativa no ha estado exenta de polémicas, puesto que han sido 10 las instituciones del Ejecutivo y locales que han intentado ocultar información por medio de la reserva, cuando la propia ley establece que debe ser pública

El caso más drástico fue el del Ministerio de Educación, que terminó con la intervención de la Corte de Constitucionalidad y la destitución de Bienvenido Argueta.

Otros dignos de mención por sus reservas son los del Ministerio de Gobernación, de Economía, de la Defensa y de Comunicaciones, la Secretaria Privada de la Presidencia, la Superintendencia de Administración Tributaria y municipalidades.

La parlamentaria De Frade recalcó que “lo negativo es el interés e insistencia que han tenido las instituciones del Estado de querer ocultar la información, y esto ha hecho necesario que se use el poder coercitivo”.

Poca publicidad

Otra debilidad de la Ley es la falta de publicidad. “Se dice que se esperaba mucho más afluencia de personas, pero eso no se puede pedir cuando no ha existido por parte del Gobierno una campaña de comunicación y de rendición de cuentas real”, afirmó David Gaitán, de AC.

En este sentido parece haber una opinión generalizada de que el discurso del Estado discrepa de la realidad, reflejada en acciones como las reservas de información o la negativa de entregar ciertos datos.

Alfonso Godínez, secretario ejecutivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para la Ley de Acceso a la Información, observó que se ha detectado “resistencia a tramitar las solicitudes de información, y se han producido encuentros desafortunados”.

Según los monitoreos y censos realizados por esta institución, la cifra de sujetos obligados a cumplir con esta ley es de al menos dos mil 644 (a la espera de finalizar el censo); sin embargo, el cumplimiento de la ley solo se registra en 342 entidades, las cuales presentaron el informe anual obligatorio que, según la Ley, debe llegar a la oficina de la PDH.

“La resistencia es generalizada; hay temas que han resultado incómodos a la administración pública, como el de salarios, asesores, contratos”, afirmó Godínez. “Mi percepción es que no están interesados en dar estas informaciones”, añadió.

Logros y avances

Sin embargo, el vicepresidente Rafael Espada considera que se ha avanzado bastante. “Estamos contentos y vamos bien en el Ejecutivo y en el Legislativo; falta un poco en el Judicial y hay bastantes carencias en las municipalidades”, refirió. También aclaró que se sigue avanzando en la implementación de sistemas de capacitación para los trabajadores y de fortalecimiento institucional.

El éxito de la Ley, en opinión del procurador Sergio Morales, consiste en que “algunas instancias se han tenido que abrir, y de no haber sido por esto posiblemente continuarían cerradas”.

Gaitán, de AC, explicó que uno de los grandes beneficios ha sido que las personas cercanas a la auditoría social, organizaciones y otros interesados han podido acceder con más facilidad a información, ya que cualquiera puede ejercer el derecho, aunque reconoció que por ahora no lo hacen todos.

Los expertos consultados coinciden en la necesidad de ampliar la información acerca del funcionamiento de la ley para despertar el interés en el ciudadano de a pie, que es hacia quien va dirigida la norma, pero que, un año después, es el que menos la ha utilizado.