Los partidos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Gran Alianza Nacional (Gana) y Encuentro por Guatemala (EG) podrían resultar beneficiados si al momento de la convocatoria dichas organizaciones aún no están canceladas.

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“El trámite administrativo finaliza con la cancelación. La única forma que podrían evitar la cancelación es a través de un amparo”, dijo Guerra.

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Presentan acciones

En el caso de FCN-Nación, el 8 de octubre próximo finalizan los 30 días hábiles en las que debe presentar las pruebas ofrecidas al Registro de Ciudadanos para evitar su cancelación. Vencido el plazo, dicha instancia resolverá lo pertinente 10 días hábiles después.

Según el registro de Ciudadanos la organización no ofreció muchas pruebas, la mayoría informes que solicitará en otras instancias y peritajes, que según ellos, realizarán algunos expertos, sin especificar quiénes y qué cosas.

Por aparte, el partido oficial ha presentado seis amparos, dos apelaciones y un ocurso en queja y una revocatoria, cada uno en diferentes juzgados y salas, con el objetivo de frenar el proceso de cancelación que ordenaron los magistrados del TSE.

Ninguna de las acciones presentadas ha sido otorgada a la organización política.

Por aparte, el próximo 10 de septiembre finalizan el periodo para que la organización Gran Alianza Nacional presente el ofrecimiento de pruebas para no ser cancelado, de no hacerlo el Registro de Ciudadanos tendrá 10 días hábiles para resolver lo pertinente.

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En lo referente a Encuentro por Guatemala, el miércoles pasado fue presentado al ente electoral la solicitud de parte del Ministerio Público para que se inicie el proceso de cancelación.

Por el momento, el expediente aún no ha sido elevado a los magistrados, quienes han señalado que en su momento resolverán conforme a derecho.

Condenados no podrán postularse

El jefe del Registro de Ciudadanos informó que las personas que han sido condenadas deberán de esperar 10 años para volver a optar a un cargo de elección popular.

“Habría que ver cada caso en particular. Quien se presente deberá entregar carencia de antecedentes penales y policiacos. También se revisará lo la idoneidad, honorabilidad y capacidad de las personas.  En el caso de Guatemala existe una norma que dice que transcurrido 10 años de haberse emitido una condena se pueden habilitar las personas y prescriben sus antecedentes penales”, refirió Guerra.

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