“El pleno procede a otorgar el amparo provisional solicitado en el sentido de dejar en suspenso el acto de aprobación por parte del pleno del Congreso de la República de los decretos 14-2017 y 15-2017 que contienen modificaciones al Código Penal”, dice el fallo de la Corte.

La resolució de la CC fue unánime y su argumento es que las reformas aprobadas por los diputados “constituyen una seria amenaza que en caso de cobrar vigencia podrían ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”

José Francisco de Mata, presidente del máximo tribunal, explicó que el amparo provisional otorgado aplica para los seis amparos presentados, los cuales fueron acumulados debido a que tienen el mismo fin.

Santiago Palomo, vocero de la CC, informó que durante la noche serán notificados los interponentes de las acciones, así como el Congreso como parte denunciada.

Los seis amparos que la Corte recibió entre miércoles y jueves contra las reformas fueron interpuestos por las siguientes personas y organizaciones:

• Alfonso Carrillo (Dos amparos, uno con acompañamiento de Helen Mack)
• El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas
• Javier Soria, de la organización SOMOS
• Carlos Bezares y Aníbal García
• Acción Ciudadana

En las próximas 48 horas los denunciantes, los terceros interesados y el Ministerio Público deben presentar sus argumentos en vista pública para que la CC emita su fallo en definitiva.

En las primeras horas del día, la CC admitió para su trámite los amparos presentados por los ciudadanos Alfonso Carrillo y Helen Mack, y el segundo interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

La CC emplazó al Congreso de la República y le dio cuatro horas para que entregara un informe circunstanciado sobre la aprobación de los decretos 14-2017 y 15-2017 que reformaron el Código Penal para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y aumentar de 5 a 10 las penas conmutables.

Diputados se retractan

Ante el rechazo generalizado que originó la aprobación de reformas al Código Penal, los jefes de bloque del Congreso de la República anunciaron que darán marcha atrás a los decretos emitidos a favor de la corrupción.

Los parlamentarios coincidieron en que las reformas realizadas no son de interés ni de conveniencia nacional.

“Hemos convocado a esta reunión hoy para que estos dos decretos no puedan ser remitidos al Organismo Ejecutivo, y de esta forma queden sin efecto y no surgan a su vida jurídica”, dijo el presidente de ese organismo, Oscar Chichilla.

Los legisladores están convocados para una sesión plenaria este viernes a las 14 horas para “realizar el procedimiento correspondiente” para dejar sin efecto las normativas.

#MiercolesNegro | No son de interés ni de conveniencia nacional, dijeron los #JefesDeBloques pic.twitter.com/AuCqD4qRND

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 14 de septiembre de 2017

Según el diputado Oliverio García Rodas, la intención es archivar los decretos 14-2017 y 15-2017 para que no cobren vigencia.

El parlamentario Javier Hernández, jefe de la bancada oficial, dijo que no estaba arrepentido de haber aprobado las reformas, pero que darán marcha atrás.

En un inicio no se permitió el ingreso de los periodistas a la reunión de los jefes de bancada, la cual se llevó a cabo en el Salón del Pueblo.

El diputado Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana, admitió que se equivocaron al avalar los cambios a normas penales y justificó argumentando que “errar y rectificar es de humanos”.

#MiercolesNegro | #DiputadoGT @AvMorellana, @bloqueAC13, dice que ayer cometieron un error y que es de humanos rectificar pic.twitter.com/8O7EreaPCN

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 14 de septiembre de 2017

Protección para políticos

Uno de los decretos modifica el delito de financiamiento electoral ilícito para beneficiar a funcionarios señalados por este delito, ya que quita la responsabilidad financiera a los secretarios generales de los partidos políticos y se las otorga al contador.

Las modificaciones a la ley se dan 20 días después de que el Ministerio Público (MP) y la Cicig revelaran que los partidos UNE y el extinto Líder hicieron gastos millonarios de campaña en 2015 que no reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo cual solicitaron antejuicio contra sus secretarios generales Orlando Blanco y Roberto Villate, respectivamente.

Los entes de justicia también solicitaron el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el supuesto financiamiento electoral ilícito de Q6.7 millones que el partido FCN-Nación no reportó al TSE.

Vetar reformas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) recomiendó al presidente Jimmy Morales vetar las reformas al Código Penal “por contravenir claros principios constitucionales, menoscabar el Estado de Derecho e inobservar el compromiso asumido ante todos los guatemaltecos de luchar contra la impunidad y la corrupción”.