“No es la solución al problema de fondo de la violencia“, respondió el ombudsman al ser consultado por periodistas sobre el anuncio hecho ayer por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, de pedir al Congreso reformar el Código Penal para que a las maras se les considere como “organizaciones terroristas“.

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“Necesitamos un abordaje desde lo social para erradicar y disminuir la pobreza, crear oportunidades de empleo y mejorar la educación” y luego al que delinca que se le aplique el peso de la ley, manifestó.

El procurador de los Derechos Humanos alertó que espera que esta decisión no sea para una “limpieza social“, ya que toda persona que delinque tiene que ser sometida a un proceso judicial.

Degenhart dijo ayer que presentará en el Congreso una iniciativa de ley para que las estructuras criminales de las maras Salvatrucha y Barrio 18 se les tipifique como “organizaciones terroristas”.

#Ahora | Degenhart del @mingobguate pide al Congreso una reforma al Código Penal para que declare a la Mara 18 y pandilla Salvatrucha como organizaciones terroristas y a #EEUU que los ingresen al listado de la #OFAC. ► Vía @hpocasangre_pl pic.twitter.com/unNCAmGwz3

— Prensa Libre (@prensa_libre) 29 de enero de 2018

“Estamos sufriendo los embates de estas estructuras que tienen armamento bélico pesado“, expresó el ministro al hacer pública su intención de hacer las reformas correspondientes al Código Penal.

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A las denominadas maras se les atribuye la mayoría de crímenes que se registran en Guatemala, especialmente las relacionadas con las extorsiones.

Guatemala es el país del Triángulo Norte de Centroamérica (más El Salvador y Honduras) que presenta el mejor escenario, a pesar de la gravedad de la situación, ya que cerró 2017 con una tasa de 26.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes.