El equipo legal del Ejecutivo concluyó su análisis jurídico y determinó que no hay problema para proceder a la intervención de cinco aduanas por medio de la SAT, pero de igual manera presentará una consulta en la CC.

“Se trabajó con asesoría del ministerio de Finanzas, por ser el rector de la SAT, pero también con abogados de Gobernación, de la Defensa y de la Secretaría General, y se determinó que la intervención es procedente”, explicó Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia.

De acuerdo con Martínez, el presidente Otto Pérez Molina decidió hacer una consulta a la CC “para garantizar un mejor resultado”.

Las cinco aduanas que el Gobierno planea intervenir son la de los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla, la Central, y las de Pedro de Alvarado y Tecún Umán.

Retraso

Analistas, académicos y políticos cuestionaron la intención del Ejecutivo, por considerar aspectos de la Constitución Política y porque los puertos Quetzal y Santo Tomás ya están intervenidos.

Aunque el mandatario dijo el viernes último que según la “versión” de abogados oficiales no es inconstitucional y defiende que las aduanas de la SAT son independientes de los puertos, sí motivó al equipo de entre 15 y 17 abogados a profundizar la “discusión legal”, y ahora, a consultar a la CC.

Esperan reunión

Integrantes del Directorio de la SAT, cuyo destino no está claro con los alcances de la intervención, solicitaron por escrito al gobernante una reunión, para hablar del asunto.

De hecho, algunos miembros del Directorio también mostraron su desacuerdo con una intervención, en una nota enviada a Pérez Molina, y le sugirieron establecer un convenio entre las fuerzas de seguridad y la SAT, refirióÉdgar Pape Yalibat, de la institución.

Hoy está prevista la sesión ordinaria del Directorio, que preside la ministra de Finanzas, María Castro, pero se prevé que sea la cita “normal”, mientras esperan la respuesta del mandatario.

Secuencia del anuncio

Desde la decisión del Gobierno, varios acontecimientos le han seguido.

El 15 de octubre último, el presidente anunció que intervendría cinco aduanas.

El ministro de Finanzas, Pavel Centeno, renunció al cargo.

Aunque argumentó motivos de salud, fuentes del Ejecutivo refirieron que hubo diferencias por la intervención.

Después, Centeno declaró que él no recomendó intervenir la SAT.

Sectores empresariales criticaron el control de la SAT y los objetivos de esa acción.

Analistas y opositores se suman a cuestionar la  viabilidad jurídica de la medida.

El Gobierno atrasa publicación del acuerdo de intervención, para solventar dudas legales.

Rechazan medida 

La Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) mostró su rechazo a una posible intervención de las aduanas, como lo anunció el presidente Otto Pérez Molina. Los empresarios indican que esa medida “no es necesaria” y que, de implementarse con un interventor que no tenga  conocimiento sobre aduanas, retardaría los procesos de importación y exportación.

La CNT sugirió que en vez de la intervención  el Gobierno debe resolver  la escasez de personal, evitar la discrecionalidad con que actúan los empleados de aduanas y dotar de mayor tecnología los procesos de revisión.

 Los transportistas aseguran  que la lentitud con que operan las aduanas del país les deja pérdidas de entre US$150 a US$300 por día,   y temen que una intervención retrase de cuatro a ocho o hasta 10 días la revisión de los contenedores.