Durante los comicios pasados, 47 aspirantes a distintos cargos públicos fueron sancionados por el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por realizar propaganda electoral ilegal. Las multas oscilan de US$50 mil 001 a US$250 mil 001.
Sin embargo, para que una sanción quede firme, primero deben resolverse las nulidades, amparos y demás recursos judiciales que, por lo general, presentan los infractores. Si todos estos recursos son rechazados por los distintos órganos jurisdiccionales, entonces la sanción queda fija y debe ser cancelada.
Transcurridos tres años desde las pasadas elecciones, únicamente ocho multas quedaron en firmes. Entre estas se encuentran dos que se impusieron al actual alcalde de Mixco, Neto Bran, por US$50 mil 001 cada una, y otra que se impuso al diputado del partido Vamos, Carlos Roberto Calderón, según informó el TSE vía una solicitud de información pública.
En un inicio el director del Registro de Ciudadanos quiso negar la información sobre las multas aduciendo que algunas no estaban firmes y que solo le correspondía conocerla a los afectados. No obstante, luego de presentar un recurso de revisión, el pleno de magistrados le enmendó la plana y le ordenó que informara, por lo menos, sobre aquellas infracciones que ya habían causado firmeza.
No pagan multas
El ente electoral asegura que, de momento, ninguno ha cancelado la infracción. Al consultar al jefe edil de Mixco, Mynor Espinoza, dijo que las multas sí fueron impuestas, pero se inició un proceso legal. Aseguró que se otorgó un amparo a favor de Bran por parte de la Corte de Constitucionalidad que revoca las multas, pero que el TSE aún no ha sido notificado.
“Seguramente la CC les notificará (al TSE) la resolución a favor de Neto Bran para llevar el debido proceso”, dijo.
También se intentó consultar al diputado Calderón cuándo pagaría la multa, pero no contestó las llamadas a su celular ni tampoco los mensajes de texto.
Los otros excandidatos que también fueron multados con US$50 mil 001 por propaganda electoral ilegal son: Rudy Urbano Rodas Barrios, excandidato a alcalde de Nuevo Progreso, San Marcos por el Comité Cívico Crecer; Iris Vega de Escobar, excandidata a alcalde en Monjas, Jalapa por la Unidad Nacional de la Esperanza; Danilo Roca Barillas, expresidenciable por el partido Avanza; Ana Cecilia Guadalupe Orellana Delgado, excandidata a diputada distrital por la Unión del Cambio Nacional (UCN) y Sandra Guadalupe Guzmán Muñoz, excandidata a síndico dos en El Rodeo, San Marcos.
TSE puede iniciar juicio
Edgar Ortiz, analista jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, explica que, en principio, el impago de la multa no les veda el derecho a los infractores de volver a postularse a un cargo de elección popular.
No obstante, el TSE sí está facultado para iniciar un “juicio ejecutivo”, en el cual debe documentar ante juez que los excandidatos tienen sanciones firmes y por lo tanto deben pagarla.
“Lo que tiene que hacer el TSE es proceder por la vía judicial a demandar a cada deudor y cobrarle, ya sea partido político o persona individual. El propósito del juicio es ejecutar una deuda”, comenta Ortiz.
El abogado explica que, mientras las sanciones no están firmes, ya sea porque hay recursos pendientes de resolver o notificar, no puede exigirse el pago. Pero una vez esta causa firmeza, como las ocho mencionadas anteriormente, estas se convierten en exigibles.
“Como la deuda es producto de una multa, lo que tiene que hacer el TSE es documentar internamente ese papeleo para demandar y poder cobrar. Sin embargo, históricamente el tribunal siempre ha ido criticado por no iniciar estos procesos”, comenta Ortiz.
Geidy de Matta, del Instituto de Problemas Nacional de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), comenta que, aunque el Registro de Ciudadanos del TSE tiene la facultad emitir sanciones cuando se violan las reglas electorales, es común que los candidatos las traten de revocar por medio de recursos judiciales en otros órganos jurisdiccionales.
Esto provoca un retardo en los procesos y deriva en una “judicialización de la política”, considera De Matta.
“El llamado es a que exista certeza jurídica. Se debe fortalecer el TSE. Nadie es superior a la ley y no se pueden distorsionar los procesos cada cuatro años. Cuando se hicieron las reformas a la LEPP se quiso subir los montos de las sanciones, pero el mismo sistema de justicia establece procedimientos que son muy largos y ahí se atrasan los procesos”, dijo la experta.
Multas
Son sancionadas con multas las prohibiciones que establece el artículo 223, entre las cuales se encuentra usar recursos y bienes del estado para propaganda electoral, hacer propaganda anónima, otorgar u ofrecer prebendas con fines electorales y realizar propaganda anticipada, incumplir el procedimiento para la contratación de pauta en medios de comunicación, entre otras.
