En un año en el que se elegirá mediante una comisión de postulación al próximo fiscal general y en el cual el Congreso tendrá en sus manos la designación del contralor general de Cuentas, el papel de la próxima directiva del Legislativo será decisivo para impulsar o bloquear los esfuerzos  por mejorar la transparencia, coinciden en señalar  especialistas.

Defensa de intereses

La búsqueda de consensos  para la producción legislativa y la conducción de las iniciativas que finalmente son leídas en el pleno se encuentran entre las tareas claves de la Junta Directiva, explicó Luis Fernando Mack, analista político independiente.

Esas tareas, sin embargo, cobran relevancia cuando los temas que se   debaten incluyen reformas de Estado, como la frustrada modificación constitucional, este año, en el ámbito de la justicia.

“Una junta directiva contraria a los esfuerzos por combatir la corrupción puede usar su poder para bloquear o respaldar iniciativas según su interés”, apuntó Mack.

 El experto recordó que si bien la elección del Fiscal General no recae en el Congreso, tradicionalmente diputados han operado y orquestado alrededor de los procesos de comisiones de postulación.

Para Celia Luna, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el rumbo que pueda tomar esa directiva dependerá, en buena medida, del liderazgo de su presidente.

“El próximo año, el trabajo que realice en el  Legislativo la figura del presidente será clave. Podemos tener una figura tan notoria como Mario Taracena o una  que nos haga pensar quién es el poder detrás del trono, como pasó en el caso de Óscar Chinchilla —actual presidente—”, resaltó Luna.

Injerencia

Dentro de la estructura de pesos y contrapesos del sistema republicano guatemalteco, el papel del Congreso es el de fiscalización, pero la actual legislatura no inspira esa confianza, comentó  Mack.

Esa situación puede  convertir al Congreso en un mero vocero del Ejecutivo, destacó el analista independiente.

Por aparte, Luna explicó que los intereses particulares probablemente seguirá retrasando legislación importante, como las leyes de Aguas,  de Competencias o  de Consultas Comunitarias, cuyo plazo  en mayo del próximo año de seguro no se cumplirá, dijo Luna. Por otra parte, el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales sigue latente, pues no fue archivado, por falta de votos. 

Probidad en juego

Carlos Martínez, economista y analista en asuntos de transparencia, resaltó que presidir la Junta Directiva también implica distribuir recursos mediante la negociación de comisiones legislativas.  

La directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, dijo que las fuerzas contra la transparencia se están reconfigurando.

“En este momento existe una dinámica fuerte tendiente a cooptar estas instituciones, tanto el Ministerio Público como la Contraloría. Y la cooptación viene del lado de quienes quieren cambiar el rumbo que han tomado estas instituciones”, dijo Ibarra.

La experta manifestó que en el Congreso se experimenta una tercera ola de correlación de fuerzas y de alianzas, en un momento en el que hay que elegir  Junta Directiva.

Desde el Ejecutivo, el interés estará sobre la elección del fiscal general, mientras que  en el Congreso el interés se centrará en el contralor, puntualizó Ibarra.