La Ley de Aceptación de Cargos aprobada por los diputados este martes en una votación sin oposición, recibió sus primeros amparos para evitar que tome vigencia.

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La Corte de Constitucionalidad recibió este día a representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y la organización Acción Ciudadana (AC) quienes presentaron amparos en contra de esta ley.

Los representantes estudiantiles indicaron que consideran lesiva esta ley para la ciudadanía porque “deforman el proceso penal en el país”.

Luis Álvarez, comisionado de Asuntos Jurídicos de la AEU, también indicó que la ley fue aprobada ilegítimamente.

“Se dieron varios vicios en el consentimiento porque las enmiendas no se las dieron a los diputados opositores en clara violación del articulo 120 del Organismo Legislativo”, dijo.

#LRN Eddie Cux, Acción Ciudadana, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por la aprobación del Congreso de la república de la ley de aceptación de cargos. pic.twitter.com/ftyjsyW6PZ

— La Red (@Lared1061) November 13, 2019

Eddie Cux, de AC también señala los vicios en el procedimiento de aprobación de dicho decreto.

“La discusión no fue transparente, no se do a conocer a todos los legisladores y en la votación , el artículo 11 no fue aprobado por la mayoría de diputados, pero en el documento final sí aparece éste artículo y eso podría caer en falsedad”, indicó

El artículo 11 que quedó improbado por los diputados señala que quienes obtengan la reducción de la condena no deberán declarar como testigos protegidos.

“El congreso acaba de cometer una aberración jurídica alterando el propósito del sistema penal, incluso incentiva el hecho a delinquir porque afecta el efecto disuasivo del sistema penal”, dijo Cux.

El decreto aprobado

El decreto 10-2019 permitirá que la persona acepte los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada.

Los beneficiados en estos casos son todos aquellos señalados por delitos de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero, delitos electorales, entre otros.

La excepción es para aquellos imputados por delitos contra los deberes de la humanidad, delitos relacionados con la trata de personas, contra la vida, extorsión, terrorismo, robo agravado, plagio o secuestro, prostitución y narcotráfico.