El Ejecutivo mantiene su posición al señalar que Claus Mérida actuó bajo título personal y que aún con el cargo que ejercía no tenía autoridad para toma de ese tipo de desiciones en nombre del gobierno.
Alejandro Barillas, abogado criminalista del grupo internacional de impunidad Impunity Watch, dijo a theguardian: “Debe haber una investigación por parte de ambas autoridades sobre el origen de los fondos, qué está realmente detrás del contrato y para qué es realmente el cabildeo”
La Cancillería envió una carta en la que detalla la situación de Marvin Mérida y su papel en el Gobierno, “lo cual podría generar una investigación”, aseguró Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público (MP), que también adelantó a theguardian que Mérida está implicado en dos investigaciones criminales, incluida una vinculada a fondos ilegales de campaña electoral.
“Si el buen amigo del presidente Claus Mérida actuaba de manera independiente, Morales está obligado por ley a informar de ello, ya que es un crimen”, dijo el congresista Amílcar Pop de la bancada Winaq a theguardian.
La publicación tambien hace referencia al otro contrato que los diputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Óscar Quintanilla y Julio Lainfiesta también adquirieron con la firma y que han reconocido abiertamente, pero fijando su posición en no revelar quien está financiando los pagos para la firma.
Según theguardian, Robert Grand es socio gerente de la firma de cabildeo Barnes y Thornburg, empresa con la que se habría firmado los contratos.
El diario británico agrega que Grand fue parte fundamental del qeuipo de finanzas para la campaña Trump-Pence y fue vicepresidente de finanzas del comité presidencial de la inauguración y tiene vínculos con el equipo de liderazgo financiero del Comité Nacional Republicano.
La publicación agrega que varias personas que ahora son parte del equipo vicepresidencial de Pence, fueron trabajadores de esa firma, “incluyendo a Stephen Simcox, que era el subdirector general de Pence cuando era gobernador de Indiana, y el socio Matt Morgan, que representaba la campaña de gobernador de Pence, y ahora es su asistente adjunto y suplente”.
“La compañía debe hacer transparentes todas las negociaciones vinculadas a estos contratos para evitar la sospecha de que está asociada con cualquier delito cometido en Guatemala o este podría ser el caso que lo obligue a salir de la presidencia”, dijo Iduvina Hernández, directora del grupo de campaña Seguridad en la Democracia a theguardian.
El embajador de Estados Unidos, Todd Robinson llamó “idiotas” a los cuatro diputados que firmaron el contrato de cabildeo y que supuestamente estarían interesados en la salida del representante diplomádo de ese país.
Con información de theguardian
