Morales dejó claro que no hará uso del indulto presidencial de cobrar vigencia la pena de muerte en el Legislativo, y  donde un diputado de su bancada ya presentó una iniciativa para entrar a discutir el tema.

Jimmy Morales ofreció estas declaraciones un día después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), externara su rechazo a la medida, al dudar que sea este el mecanismo para acabar con la violencia en el país.

“El Ejecutivo aplicará la Ley. El artículo 18 de la Constitución contempla la Pena de Muerte, y si el Congreso de la República traslada la ley al Ejecutivo, el Ejecutivo debe ejecutar la Ley (…) No discutimos la ley, sino que hacemos que se cumpla”, dijo Morales en las instalaciones del Servicio de Material de Guerra del Ejército, en donde supervisó la fabricación de escritorios para escuelas.

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“Sin entrar en debate en el país, el artículo cuarto de la Convención sobre Derechos Humanos no permite que los Estados apliquen la pena de muerte en situaciones no contempladas en el momento de la ratificación. Entonces, hay un proceso contemplado de limitar o congelar el uso de la pena de muerte y de no expandir su aplicación” dijo James Cavallaro, presidente de la CIDH en durante una reunión con Morales en el Palacio Nacional de la Cultura.

#EjércitoALasCallesGT

La opinión de Morales se hace pública mientras en las redes sociales se vuelve tendencia el hashtag #EjércitoALasCallesGT, donde un grupo de la población pide que sea el Ejército que se encargue de la seguridad civil, ante el incremento de la inseguridad.

Aunque algunos -incluyendo a la CIDH- señalan que la presencia de militares en las calles y con tareas de seguridad civil es inconstitucional, otras opiniones resaltan que solo así se podrá frenar la delincuencia, extorsiones y crimen organizado.

El debate en las redes sociales también se alimenta con la aplicación de la pena de muerte, que algunos piensan que es la solución ante el lento proceso judicial que se debe enfrentar para conseguir condenas.

También se critica la administración del Sistema Penitenciario, lo que  para algunos, fundamenta el criterio de aplicar la pena capital en el país.