Ese bono representa para la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, un primer pago de Q28 mil 375, y para los magistrados titulares, Q25 mil 75. Al finalizar el proceso de consulta recibirán la misma cantidad.

Edie Cux, de Acción Ciudadana, considera que ese tipo de acciones ocurre porque no existe claridad de cómo diferenciar a los empleados del Estado con  la naturaleza de los dignatarios, como los magistrados del TSE, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y diputados.

“Esta situación de falta de claridad da pauta para que se dé ese tipo de bonos que, a la larga, como la ley no tiene claridad,  las misma personas que están en altas jerarquías  aprovechan para poder tener ese beneficio al igual que los demás empleados”, refirió Cux.

El experto consideró que  la Contraloría debería definir con claridad si efectivamente es permitido ese tipo de bonos, puesto que ya en una ocasión se hizo con lo diputados y el presidente.

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dijo que hay que revisar la razón por la cual se aprobó esa normativa.

“En este momento el país no está para estar asignando recursos a bonos adicionales de los funcionarios públicos que no respondan a los resultados alcanzados. Hay muchas necesidades que derivan de la cantidad de problemas y de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que habría que revisar es en función a qué resultados se otorgaron esos bonos”, indicó Flores.

La analista agregó: “Hay que analizar la capacidad o la decisión que toman los altos funcionarios de hacer esos incrementos salariales, de asignarse bonos adicionales, y vale la pena mencionar  para aprobar negociaciones de nuevos pactos colectivos.  

Si el bono no va amarrado a resultados, creo que está de más decir que se convierten en despilfarro del gasto público”.

Empresarios también se mostraron sorprendidos por el bono que se recetaron los magistrados, al considerar que en las actuales circunstancias del país  no procedería ese pago.

Se intentó tener la versión de las autoridades de la  Contraloría, pero no respondieron las llamadas a sus celulares.

Defienden bono

La presidenta del TSE envió por mensaje el acuerdo con el cual  el bono se crea, que  es de 1993.

El vocero del ente electoral, Luis Gerardo Ramírez, dijo que el bono electoral se otorga como un incentivo por la responsabilidad, dedicación y entrega que conlleva la organización y realización de la consulta popular 2017-2018.

“Este bono no es nuevo, se ha venido otorgando en procesos electorales anteriores desde 1993 y forma parte del pacto colectivo, y que es equivalente a un mes de sueldo”, refirió.

Al consultarle a Ramírez si los magistrados reintegrarán el bono, dijo que al momento no tenía conocimiento sobre la posición de los magistrados.

La consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice se realizará el 15 de abril del 2018 y tendrá un costo de Q380 millones: Q300 para el proceso electoral y Q80 millones  por el pago de abogados internacionales que representen a Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia.

A pesar de que Ramírez asegura que el monto establecido para el bono es de Q7.3 millones, la partida presupuestaria de complementos específicos al personal permanente que se encuentra en el acuerdo 246-2017 asciende a Q10 millones 284 mil 575, que  beneficiará a 872 trabajadores.