Aguilar está señalado por diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) de haber cometido  asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes cuando fungió como procurador general de la Nación, por presuntamente haber dado opinión favorable al contrato de usufructo oneroso suscrito entre la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en el 2012.

Pese a que la Comisión presentó ayer mismo el informe circunstanciado a la Dirección Legislativa del Congreso, este ya no será conocido y votado por el pleno, debido a que Aguilar envió su carta de renuncia al Legislativo por lo cual, según el presidente de ese organismo, Mario Taracena, será conocida el próximo martes en  sesión extraordinaria.

La Comisión comenzó su segunda reunión a las 9.20 horas, y como primer punto se conoció la ratificación de la denuncia de los diputados de EG.

La encargada de  ratificar la denuncia fue la parlamentaria Nineth Montenegro, quien aseguró que en el 2012 acudieron a la Procuraduría General de la Nación para pedir que se declarara lesivo el contrato con TCQ porque “se estaba simulando un contrato oneroso de usufructo, cuando lo que se estaba haciendo era una concesión disfrazada, porque sabemos que eso implica ceder parte de una porción de terreno”, refirió Montenegro. Eso lo explicó en su momento al exprocurador Larry Robles.

La congresista agregó que la concesión implicaba que se le pidiera permiso al Congreso y se realizara un concurso bajo la Ley de Contrataciones, y que cuando Aguilar sustituyó a Robles “se le pidió que de oficio declarara la nulidad de un negocio ilegal”.

“En abril del 2013, le pedimos que declare lesivo el contrato; pero, ¿qué ocurrió? Emite un dictamen en el cual concluye que esta institución, en cuanto a la petición formulada, opina que la postura institucional ya está plasmada en los dictámenes anteriores y que no está en el ámbito de su competencia declarar la lesividad de cualquier contrato”, señaló Montenegro, quien aseguró que con eso “se consuman ilegalidades con la revalidación de conductas antijurídicas”.

Al finalizar la intervención de EG, Marylin Castillo, de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), ratificó la denuncia puesta por la Fiscalía.

Castillo refirió que en abril del 2013 una consultora de la PGN emitió el dictamen 1658-2013, en el que se opinó que se le diera participación a la Contraloría, se escuchara la asesoría del Ministerio de Finanzas y la Dirección de Bienes del Estado y se le informara al presidente la deficiencia del usufructo oneroso.

“Esta opinión no fue atendida por Aguilar y, por el contrario, dio instrucciones de ratificar los dictámenes anteriores”, aseguró la fiscal, quien agregó que “existen indicios suficientes para considerar que Aguilar dejó de observar las funciones propias de su cargo e ignoró el contenido del proyecto original del dictamen”.

Aguilar no asistió

Aguilar debía comparecer ante la Comisión, pero se ausentó del Congreso y envió su carta de renuncia, que fue conocida por los pesquisidores.

Debido a la incomparecencia  del magistrado, los legisladores analizaron los datos que tenían disponibles y, por unanimidad, decidieron recomendar al pleno que se le retire la inmunidad.

El informe fue firmado y entregado a las 13.45 horas a la Dirección Legislativa.

Taracena afirmó que ya no habrá pleno el domingo y que será en la sesión plenaria extraordinaria del próximo martes cuando se conozca la renuncia del magistrado.

Para ese día estaba planificada la interpelación del ministro de Finanzas, Julio Estrada, pero la bancada Movimiento Reformador anunció que la retira