En una misiva dirigida al presidente, Jimmy Morales, el secretario de la Red y defensor del pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira Silva, afirma que la INDH “se ha mantenido vigilante de la situación del procurador Rodas Andrade” y defiende que pueda “desarrollar sus funciones con absoluta independencia sin temor a represalias”.
La carta sigue a la reciente decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgarle una medida cautelar para Rodas Andrade y su núcleo familiar, en Guatemala, tras haber ejercido acciones legales en asuntos de alto impacto tanto vinculados con la lucha contra corrupción y la impunidad.
%20de%20América%20expresó%20hoy%20su%20preocupación%20al%20Gobierno%20de%20Guatemala%20por%20la%20vida%20e%20integridad%20del%20procurador%20de%20los%20Derechos%20Humanos,%20Augusto%20Jordán%20Rodas%20Andrade,%20y%20su%20familia.&u=https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/red-de-instituciones-nacionales-de-ddhh-teme-por-la-vida-del-pdh/&i%5B0%5D%5B0%5D=https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/b041ad08-ff80-4c0f-b7d7-ab6ff4d0f8fa.jpg?quality=82&w=749&h=430&crop=1&i%5B0%5D%5B1%5D=749&i%5B0%5D%5B2%5D=430&i%5B0%5D%5B3%5D=1){kind=link}
En paralelo, ha trascendido que el defensor del pueblo guatemalteco ha recibido amenazas en redes sociales y otros medios que estarían generando un clima de animadversión en su contra.
“Estamos seguros de que el Estado guatemalteco, en virtud de sus obligaciones internacionales, tomará las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, en consulta con los beneficiarios de las mismas”.
Confían que “el Estado procurará que la Institución Nacional de Derechos Humanos cuente con todas las garantías necesarias de independencia y con la capacidad para ejercer su mandato de la manera más amplia posible”, abunda la carta.
Rodas Andrade tiene una hermana desaparecida por el Estado de Guatemala y es querellante en el proceso conocido como Diario Militar -que la Fiscalía está investigando-, un documento desclasificado en el que el Ejército registró 184 personas, la mayoría opositores, que fueron desaparecidas por la propia institución en los años ochenta.