Según Castillo, los partidos están temerosos de infringir las reformas del decreto 26-2016 y que el TSE los multe, suspenda, e incluso, cancele, tal como sucedió con algunas organizaciones políticas que participaron en el proceso del 2015 y que fueron acusados de campaña anticipada. “Estos acontecimientos los limitan, porque temen quedar descalificados de la actual contienda”.
Arrinconados
El politólogo Oswaldo Cardona cree que el accionar de los partidos se debe al temor de ser sancionados, pero también a que tienen una mala comprensión de lo que debe ser un partido político, porque siempre los han visto como un vehículo electoral, por lo que solo se pronuncian los candidatos. “Nunca los han visto como vehículos de recolección de necesidades sociales para elaborar un plan ideológico”.
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Cardona considera que las reformas a la LEPP mantienen arrinconados a los partidos, por lo que deben aprovechar el tiempo para emprender ejercicios de diálogo social, no solo con sus bases, sino también con otros actores sociales, donde puedan expresarse no solo el caudillo, sino también entablar discusiones, independientemente de quién vaya a ser el candidato”.
apoyo de la Cicig
El politólogo Luis Velásquez afirma que uno de los efectos positivos de la lucha contra la corrupción es que se ha desmantelado progresivamente “la cultura del descaro”, no solo de robarse los recursos públicos, sino también de violar la LEPP. “Estábamos acostumbrados a la contaminación visual con una campaña que, además de ser anticipada, no respetaba los espacios naturales y culturales”, añadió.
Según Velásquez, el TSE ha aprovechado el fortalecimiento institucional que le otorgaron las reformas y ha sancionado partidos por financiarse ilícitamente, ha mejorado sus controles administrativos y seguramente también sus capacidades de fiscalización derivado del convenio que firmó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Sin embargo, agrega, para que esta línea de trabajo se consolide y tenga repercusiones en la igualdad de condiciones en la competencia electoral, es necesario evitar la aprobación de propuestas regresivas a la ley, como el transfuguismo, y promover la modernización tecnológica, el reforzamiento profesional de la institución y la exigencia hacia los partidos para que implementen mayores controles anticorrupción y sean democráticos.
Manuel Conde, diputado del Partido de Avanzada Nacional, dice que colocar vallas de afiliación en la época preelectoral ha sido una práctica de los partidos para ganar presencia de su símbolo. “Lo sabemos los políticos y los magistrados del TSE, porque es una manera de hacer campaña sin violar la ley”.
Óscar Argueta, diputado y secretario general adjunto de la UNE, considera que el silencio de las agrupaciones no obedece a temor sino a que la ley ahora es clara. “En caso contrario, estaría pasando lo de procesos electorales anteriores, donde los partidos se adelantaron un año y medio al período de campaña”, puntualizó.
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