“Es nefasta, no tiene ningún parámetro con los estándares internacionales. Han sido contundentes las reacciones nacionales y de la comunidad internacional a todo nivel y quisiera pensar que fue un desliz esta iniciativa. Hay cosas más oportunas para legislar en beneficio del país que tratar de enterrar la justicia tan necesaria”, afirmó el procurador.
El procurador consideró que tener esa intención en el Congreso puede dañar de alguna manera las relaciones internacionales de Guatemala con otros países.
“Sin duda alguna hay dos hechos muy claros, la visita de senadores y congresistas de Estados Unidos el fin de semana, la llamada a consultas del embajador —Anders—Kompass por parte de su Gobierno en Suecia porque están preocupados por lo que pasa en el país han despertado las alertas”, aseguró Rodas.
El procurador también señaló que han sido múltiples las muestras de rechazo de organizaciones y víctimas del conflicto armado. “Cualquier persona con sentido común y con un afán mínimo de justicia saben que esta iniciativa pretende impunidad en tiempo donde se añora la justicia”, apuntó.
Lea más: Departamento de Estado de EE. UU. rechaza reformas a Ley de Reconciliación
Señaló que en este momento no es procedente colocar algún amparo o acción en contra de la iniciativa pues esta aún no ha nacido a la vida jurídica.
“De concretarse, cosa que espero no se haga, tendré que accionar legalmente porque viola estándares internacionales que han sido ratificados por el Estado de Guatemala. Es desgastante, pero sin duda alguna lo haré porque no se puede dejar esto pasar por alto”, afirmó Rodas.
Agregó que los diputados deben hacer una lectura muy objetiva de las repercusiones que puede tener para el país que esta iniciativa siga avanzando.
“Así como va el país va por un mal rumbo y la larga podemos perder todo, no somos una isla, necesitamos un país con credibilidad en el extranjero y no un Estado paria, que por ese camino va Guatemala si siguen con este tipo de políticas”, aseveró.
Lea también: Oficialismo priorizará agenda confrontativa al reiniciar periodo de sesiones
Piden detener proyecto
Demecia Yat, víctima y sobreviviente del Caso Sepur Zarco, intentó entregar una carta a Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, en la que rechaza la iniciativa que busca reformar la Ley de Reconciliación. Esto ocurrió durante la reunión de jefes de bloques.
Yat, una anciana que solamente habla q’eqchi e iba acompañada de su intérprete, buscaba transmitir a los diputados que las víctimas de Sepur Zarco muestran su “total rechazo y preocupación a las reformas que se quieren hacer a la Ley de Reconciliación Nacional”.
La carta que pretendía entregar señalaba que “consideran que contradice totalmente el ordenamiento jurídico nacional e internacional, además pone en grave riesgo el estado de Derecho y es un retroceso en la aplicación de la justicia, específicamente en lo que respecta a los derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
Lea además: Juzgado de Mayor Riesgo A conocerá tres casos de alto impacto por orden de la CC
Asegura asimismo que “con este tipo de reformas el mensaje que se envía a la población es la de un Estado permisivo que tolera cualquier tipo de violación a los derechos de las personas, puesto que concede la libertad casi inmediata de aquellos que perpetraron graves vejámenes durante el conflicto armado interno”.
Yat esperó por más de una hora afuera del salón de Casa Larrazábal y cuando la sesión iba a terminar la diputada Sandra Morán anunció al presidente del Congreso que la mujer estaba afuera y quería entregar la carta, sin embargo no se autorizó su ingreso.
Yat dijo a través de su intérprete que pudo abordar a Arzú Escobar para entregarle la carta, él la recibió rápidamente y no conversó con la mujer.
El caso Sepur Zarco se esclareció el 26 de febrero de 2016. El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a dos militares retirados, Esteelmer Francisco Reyes Girón a 120 años de prisión y a Heriberto Valdez Asij a 240 años.
El tribunal emitió la condena por delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y desaparición forzada.
Los jueces valoraron que las víctimas sufrieron violaciones, perdieron a sus esposos, vieron morir de hambre a sus hijos o fueron esclavizadas en un destacamento militar donde tuvieron que cocinar y lavar ropa contra su voluntad. Y por tanto, la responsabilidad recayó en aquellos dos sentenciados, acusados por el Ministerio Público, porque, por su rango, tenían conocimiento e incluso tuvieron participación en esos delitos.
Contenido relacionado
> Reformas a la Ley de reconciliación genera disensos en el Congreso
> Proponen reformas a Ley de Reconciliación para que persecución militar sea frenada
> CC no suspende artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional
